Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Las dudas sobre la justicia

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Martes 03 de diciembre 2019

Es lamentable cómo el sistema judicial se enreda en más escándalos. Apenas posesionados, cinco magistrados de la Corte Nacional de Justicia son impugnados y señalados porque, aparentemente, fueron parte del aparataje correísta para perseguir a los opositores.

Pero el problema es a todo nivel. El sábado, este Diario reveló cómo entre octubre y nombre pasados, un grupo de jueces liberó a 48 personas detenidas en aguas internacionales con 2,5 toneladas de droga.

El fallo favorable se produjo pese a las imágenes captadas por los investigadores. En esas tomas se observa cómo los narcos movilizan la carga ilegal, a través de un sistema que incluye a pequeñas lanchas.

Está bien el recambio en la Corte Nacional. Ahora, al Consejo de la Judicatura le compete acelerar los procesos de evaluación y designación de jueces probos en el país.

Grupos como la Mesa por la Verdad y la Justicia piden una depuración completa.

No es posible que quienes acosaron en el anterior Gobierno ocupen altos puestos en las cortes. La autoridad judicial tiene suprema responsabilidad para evitar aquello.

Tampoco se puede permitir que, sin mayores justificaciones, los magistrados cambien graves delitos penales por otros menores, que permiten a los procesados acceder a juicios cortos con beneficios incluidos.

Por ejemplo, una funcionaria identificada con el correísmo pagó condenas por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado en apenas 27 meses. Esos delitos son penados con hasta 13 años de cárcel. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo actuaron los operadores de justicia? ¿Hay investigaciones en curso?

En casos como el 30-S, los magistrados avalaron fases de investigación que habían expirado, actuaron cuando no tenían potestad legal para hacerlo o emitieron prisiones preventivas fuera de los plazos fijados por el Código Penal.

493 judiciales de cortes provinciales y de primer nivel están señalados por presuntas irregularidades. Hay que investigar.