Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

¿Niños y familia en indefensión?

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Martes 07 de julio 2020

Lo que sucede en los juzgados de la Familia es lamentable. Son las oficinas más sensibles del sistema judicial y las más golpeadas. El Consejo de la Judicatura lo reconoce. 252 679 juicios están represados y por resolverse en el país.

Son trámites relacionados con pensiones de alimentos, regímenes de visita, adopciones, divorcios, demandas de paternidad, etc.

La crisis por el coronavirus terminó por agravar una falencia que se venía arrastrando hace mucho. El temor al contagio hizo que las autoridades cerraran los servicios.

A partir del 8 de junio, cuando se retomó el despacho de las causas, hay decenas de usuarios que buscan una respuesta y lo único que escuchan es que los juicios no avanzan o que vuelvan otro día. ¡Penoso!

Las cosas se complican, porque presencialmente solo labora el 25% del personal judicial y quienes llevan los procesos no necesariamente se encuentran cuando los interesados se acercan. ¿Un expediente puede no avanzar solo por falta de un funcionario? No debería, pero ocurre.

Es urgente tomar medidas. Detrás de cada juicio hay familias enteras. Hay niños.

Desde la reapertura de la atención, las oficinas judiciales han recibido 7 156 nuevas demandas a escala nacional y se siguen acumulando. La Judicatura tiene claro lo que ocurre: “El déficit de jueces y de personal jurisdiccional, acompañado de la suspensión de actividades por el covid-19, traen como consecuencia el represamiento de causas”.

El recorte de USD 19,5 millones en los presupuestos de los dos últimos años obligó a separar a 166 funcionarios en el 2019 y 26 en el 2020.

La restricción económica también frenó las readecuaciones previstas en las Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar.

Esas tareas debían ejecutarse este año dentro del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia. No se podrán realizar; es entendible por la situación del país. Pero no descuiden la atención directa de los juicios. Es urgente una respuesta como Estado.