La guía penitenciaria iba dormida en el bus. El sicario caminó desde atrás, se acercó a su asiento y disparó a quemarropa. Todo ocurrió en segundos. La mujer murió. Sí. Una víctima más de las poderosas mafias que operan desde las cárceles. Dos meses después de la peor matanza vista hasta ahora, estas redes criminales no han parado. Hoy, los familiares de la celadora cuentan que ella había sido amenazada y tienen temor de ser atacados.
Está bien que la autoridad recorra las prisiones, que hable con los presos, que estos se comprometan a entregar las armas. Pero al interior de las celdas hay mucho material ilegal. Apenas el jueves, en Cotopaxi se descubrieron 13 bombas molotov, 60 cuchillos, 30 armas contundentes, tres celulares, 32 tijeras, 20 litros de thinner, 28 pipas artesanales, tarjetas de teléfonos, 20 litros de licor artesanal y routers con una conexión ilegal instalada en el centro de salud de la cárcel.
Los responsables de introducir o mantener esos materiales deben responder a la justicia. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa tienen que ser sancionados con toda la contundencia. El Código Penal (art. 275) sanciona este delito con detención de uno a tres años.
Las bandas saben cómo hacer llegar a los detenidos armas de grueso calibre.
Hace poco, desconocidos abandonaron un vehículo en los exteriores del centro regional de Latacunga y adentro había dos granadas tipo piña, un fusil Fal, nueve cartuchos, dos alimentadoras y una pistola nueve milímetros. Días antes, una persona intentó ingresar por una de las paredes 20 cuchillos y droga.
Hay que frenar a esas redes de colaboradores. Es urgente interrumpir todas las comunicaciones clandestinas desde las celdas. Que no se amenace más desde los centros de rehabilitación, que ningún preso tome el teléfono a las 23:00 de un día cualquiera como si estuviese en su casa y se comunique con quien quiera. Eso ocurre en Riobamba. Quienes manejan la cárcel de esa ciudad debieran actuar cuanto antes.
Por ahora, el sistema ha logrado incorporar a 198 celadores para mejorar las seguridades. Es un buen esfuerzo en medio de la crisis económica del país.
Hay que trabajar de cerca con ellos. Que no se desvían de su tarea. Hoy mismo hay personal investigado por permitir el ingreso de objetos prohibidos, para esas mafias que incluso se han identificado con los temidos carteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. El gran problema en las prisiones es precisamente el déficit de carceleros.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de NN.UU. (ONU) recomiendan un guía por 10 internos. En el país faltan 3 153.
La incorporación de los nuevos equipos ayudará bastante, pero no es suficiente. El próximo gobierno tiene mucho trabajo que hacer en esta área. Hay que equipar mejor al personal, con chalecos antibalas, con toletes y demás armas no letales. Se necesita tecnología para monitorear las infraestructuras.
Las nuevas autoridades deben saber que los estados de excepción no han dado resultados. Es necesario trabajar en un plan de rehabilitación a largo plazo.