Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

La mentirosa ‘revolución penitenciaria’

Sí. Fue mentira el discurso del correísmo. En el 2015 movieron todo el aparataje mediático para posicionar en la opinión pública que Ecuador era pionero en América Latina al inaugurar la escuela de formación para guías penitenciarios. Cuatro años después, esas instalaciones están abandonadas. Las computadoras fueron embodegadas. De las camas solo quedan las estructuras metálicas. El polígono de tiro virtual hoy es un cuarto oscuro y empolvado por completo.

Esa misma autoridad que hablaba de “revolución penitenciaria” ahora calla y no responde. Las cifras más austeras calculan que el perjuicio para el Estado es de USD 1 millón, pero Ricardo Camacho, quien tuvo que dejar la Dirección de Rehabilitación Social, ha asegurado que en la readecuación física se invirtieron USD 7 millones.

La Contraloría debería iniciar un examen especial y establecer responsabilidades.

Llegaron a decir que quienes se gradúen obtendrán título de tercer nivel y las entonces autoridades de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) avalaron todo.

Ahora, en el país ni se forma ni se recluta personal para que trabaje como guías.

Por el contrario, faltan 6 481 agentes penitenciarios, para llegar a los 8 000, que Naciones Unidas sugiere para un país como Ecuador, que tiene 38 000 internos.

En las 36 cárceles apenas trabajan 1 519 uniformados y no se abastecen para controlar a las mafias que operan adentro. Es más, entre el 2017 y este año 14 celadores han sido detenidos por permitir el paso de armas, droga, celulares y otros objetivos no permitidos. El Código Penal (art. 275) señala que los responsables recibirán penas de entre uno y tres años.

Esas sentencias pueden pesar sobre policías y carceleros arrestados hace una semana por permitir el ingreso ilegal de una ambulancia.

Esa información está judicializada en la Fiscalía del Guayas y sus investigadores rastrean información para dar con más responsables.

Es urgente cambiar el sistema de rehabilitación sin discursos pomposos del correísmo.