Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

La mentirosa modernización judicial

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Martes 22 de enero 2019

Eran días de gloria. Con el enorme aparataje comunicacional, el correísmo difundía la pomposa inversión en la modernización judicial: USD 2 900 millones en solo cinco años. Ahora, todo el discurso se derrumba. Resulta que la Fiscalía no tiene agentes ni peritos.

Los investigadores están saturados. Cada uno tiene en su despacho hasta 2 400 denuncias acumuladas. Eso significa que para resolver toda la carga deberían tramitar hasta seis juicios diarios. Imposible.

En la planta central de Quito apenas trabajan seis fiscales y cada uno tiene en su poder hasta 90 causas que involucran a ex funcionarios protegidos con fuero de Corte.

Así es imposible que avancen las investigaciones en contra de Rafael Correa, de Jorge Glas o los expedientes abiertos por Odebrecht, Petrochina o Manduriacu.

Un año después de que se sentenciara al ex vicepresidente Glas, las indagaciones por cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado siguen bajo reserva.

El actual Gobierno ofreció canalizar recursos de manera urgente y prioritaria, para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. Que así sea.

Ninguna oficina judicial puede funcionar sin recursos. En la Fiscalía hay 200 partidas que están inhabilitadas por falta de dinero.

Lo que sí hay son ‘megaedificios’, que fueron construidos en la administración anterior y que ahora están desocupados. Tuvieron que meter a otras instituciones para justificar en algo los espacios vacíos que quedaron.

El actual Consejo de la Judicatura detectó 43 obras con esa falencia. La Unidad Judicial de Balsas (El Oro) está con mayores problemas.

Tiene 2 834 metros cuadrados de construcción y solo laboran seis funcionarios. Significa que hay un 787% de exceso de área. El sitio es siete veces más grande de lo que se necesita.

La construcción de estas infraestructuras se inició entre el 2011 y 2013, en la llamada modernización de la justicia. Que los responsables den la cara al país por todo lo ocurrido.