Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Masacre

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Martes 09 de marzo 2021

La masacre de 79 presos que se perpetró en cuatro cárceles deja vacíos e interrogantes que aún no se resuelven. ¿Quiénes son los responsables? ¿Hubo alertas de lo que se podía venir? ¿Funcionaron los servicios de Inteligencia?

La autoridad carcelaria dice que las tareas de seguimiento y advertencia están en manos de la Policía. Pero los agentes aseguran que ellos solo operan en el perímetro exterior de las penitenciarías, que no tienen información de lo que ocurre adentro, que ingresan únicamente cuando hay problemas, que los guías deberían ser quienes suministren los datos, pero que no lo hacen.

Lo cierto es que los policías reclaman una Ley de Inteligencia, una propuesta que reposa en la Asamblea desde octubre de 2018. ¿Se ha avanzado en algo? Parecería que no.

La actual norma, aprobada en el 2009, está desactualizada. Según ese documento, la planificación y obtención de “información estratégica”, para tomar decisiones y enfrentar una crisis están en manos de dos entidades extintas: Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia (Senain).

¿Qué permite la iniciativa entregada en la Legislatura? El comandante de Policía, Patricio Carrillo es claro: ejecutar escuchas en las penitenciarías, poner en marcha la videovigilancia en todos los espacios, trabajar en un protocolo rápido con jueces penitenciarios para acortar procedimientos que permitan realizar rastreos y seguimientos.

La autoridad reconoce que la Inteligencia en las cárceles tiene que ser reforzada con presupuesto y equipos tecnológicos. A finales del 2019, el Servicio de Rehabilitación creó un proyecto de transformación del sistema.

Con esa proyección, entre el 2020 y el 2021 se debe adquirir vehículos blindados por USD 120 000, micrófonos diminutos y drones. Todo está pendiente hasta el momento.

Las soluciones deben llegar cuanto antes. La Corte Constitucional fue categórica al sostener que esta matanza se pudo haber evitado con proyectos a largo plazo. No lo hicieron. Que no se repita otra tragedia similar.