Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Lenta reacción ante la crisis desatada en las cárceles

Las amenazas nunca se fueron. Estuvieron latentes siempre, pero no las tomaron en serio. El gobierno esperó que 27 presos más sean asesinados para nombrar al nuevo director de las cárceles. Sí. Durante dos meses dejó que los mismos funcionarios que fracasaron con Lenín Moreno sigan al frente de las penitenciarías.

Como gran anuncio, el 22 de julio, la autoridad dijo haber cesado a quien hasta entonces dirigía el Servicio de Rehabilitación. Lo que no contó es que Edmundo Moncayo había puesto a disponibilidad su cargo el mismo día en que finalizó la anterior administración.

Desde entonces, él esperaba que alguien le tome la posta. Nadie lo hizo de inmediato. EL COMERCIO advirtió aquello en varias oportunidades.

No se tomaron en serio la grave crisis carcelaria. La matanza de febrero dejó al descubierto cómo las mafias locales operan con poderosos carteles mexicanos como Sinaloa o Nueva Generación.

Hoy lo dicen abiertamente y han puesto en práctica las formas más sanguinarias de atacar. Solo unos ejemplos: el 13 de marzo, toda una familia, entre ellos una niña de 2 años, fue degollada en Guayaquil. Siete días después, un hombre decapitado apareció en la calle.

El 5 de mayo, armados ingresaron a una clínica privada de esa ciudad y por error acribillan a una mujer. Buscaban al cabecilla de una red criminal, que tiene sus aliados en las cárceles.

La lista de muertes violentas es larga y las cifras preocupan. En el 2016, la tasa de homicidios era de 5,6 por 100 000 habitantes. El 2020 cerró con 7,70. Este año, lo más seguro es que crezca. El gobierno tendrá que transparentar las cifras.

Es urgente parar a las mafias de las cárceles. Pero el Organismo Técnico de Rehabilitación, el ente que dicta políticas en esta materia, no se reúne 77 días.

Está bien que el nuevo director de Rehabilitación, Fausto Cobo, se indigne y diga que es inaudito que no se haya conformado la cabeza de esta instancia.

Pero es el gobierno al que él ahora pertenece el que no ha convocado a una reunión. La última cita se desarrolló días antes de que Moreno deje el cargo.

Cinco Ministerios, dos Secretarías y otras entidades de DD.HH. hablaron, por ejemplo, de la conmutación o rebaja de penas para reducir el hacinamiento. Nada se ha podido concretar.

Hay que trabajar en acciones concretas. La presencia de militares en la parte externa de las prisiones no ha dado resultados. Los estados de excepción tampoco. En el 2019, cuando estaba en vigencia esa medida y con soldados actuando, dos presos fueron asesinados en la Penitenciaría y otros tres fugaron. Decapitaron a alias ‘Cubano’ y su cabeza fue lanzada a una cancha de fútbol.

En el 2020 ocurrió igual. El mismo día en que se emitió la declaratoria, en Cotopaxi fueron atacados dos reos.

Hoy se emitió una emergencia, pero el año pasado la Corte Constitucional pidió un plan a largo plazo, sostenible.
¿Ya existe ese documento? Pareciera que no. Por el contrario, en la Asamblea se develó que las cárceles están manejadas por los presos, que ellos tienen las llaves de las celdas. Urge parar aquello.