Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Despidos intempestivos, décimos impagos...

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Martes 02 de marzo 2021

Sí. La pandemia desatada por el coronavirus provocó una avalancha de demandas laborales que hizo que los juzgados que tramitan estos pedidos se encuentren abarrotados. Los usuarios piden indemnizaciones por despidos intempestivos. Otros buscan el pago de remuneraciones pendientes. También hay quienes reclaman décimos o vacaciones.

La autoridad judicial está obligada a despachar ágilmente las acciones judiciales.

En 2019 se registraron 19 790 causas en el país. Se resolvió el 99%. En el 2020 ingresaron 22 446 casos y 7 919 quedaron represados. El ciudadano debe esperar hasta ocho meses para obtener una respuesta legal.

El Consejo de la Judicatura conoce esta realidad. No es suficiente que los jueces digan que están cargados de trabajo, que se les dificulta despachar todo o que incluso deben trabajar los fines de semana.

Ahora, también es cierto que las causas se acumularon por el cierre de los despachos para evitar la propagación del covid (desde el 17 de marzo al 11 de junio del 2020).Desde ese día volvieron a las oficinas, pero muchos todavía hacen teletrabajo.

Las condiciones sanitarias por las que atraviesa el país justifican este sistema laboral. Quienes administran la justicia debieran buscar mecanismos para satisfacer al usuario. Los reclamos van en aumento.

La Constitución (art. 75) es clara: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”.

Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, El Oro y Los Ríos son las más afectadas.
En esas provincias existen expedientes que muestran cómo los trabajadores denuncian a sus empleadores por no haber pagado, por ejemplo, las aportaciones al Seguro Social. Como secuela, no pueden acceder a la atención en salud ni a servicios como los préstamos quirografarios ni al cobro de los fondos de reserva. Los dejaron en completo desamparo.