Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

¿Injerencia y corrupción en la justicia?

COMPARTIR
valore
Descrición
Indignado 12
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 1

Lo que sucede en el Consejo de la Judicatura debería preocupar sobremanera al país. En un organismo, nombrado para encauzar a la justicia tras 10 años de la metida de mano correísta, hoy nuevamente se habla de posible injerencia en las decisiones judiciales. ¡Increíble!

Los vocales Pablo Albán y Angélica Porras mencionan al director de la Judicatura, Juan Vizueta, por presunta interferencia en un expediente judicial. Es imperante presentar todas las pruebas posibles y que el aludido explique al país los señalamientos.

Que no quede ninguna sospecha de que continúa la presión hacia los magistrados.

Sin embargo, el mes pasado Albán y Porras ya hablaron de una aparente injerencia judicial. Para entonces, el enfrentamiento se produjo con el presidente (e) de la Judicatura, Aquiles Rigaíl, quien observó el trabajo del fiscal del Guayas, Edmundo Briones, y de Luis Landázuri, juez civil de Quito.

La autoridad ha tratado de minimizar lo que sucede en la Judicatura y ha dicho que no hay división. Pero la decisión de abrir una indagación contra Vizueta se resolvió en una acalorada sesión del Pleno, en el que un miembro incluso abandonó la reunión.

El país no quiere estas escenas, quiere mayor agilidad en la atención, más personal para despachar sus causas, menos tiempo para resolver los juicios. Es inaudito que tras una reforma judicial correísta, en la que se invirtieron USD 3 000 millones, todavía haya déficit de fiscales. Ecuador tiene 4,8 investigadores por 100 000 habitantes, cuando lo óptimo es contar con ocho por 100 000.

La falta de estos funcionarios solo afecta al usuario. Tampoco hay suficientes jueces para tratar casos de violencia intrafamiliar. En las oficinas judiciales trabajan 72 magistrados especializados y otros 278 pueden ayudar desde otras unidades, pero lo ideal es que 834 judiciales atiendan estos temas a escala nacional.

Estos temas necesitan atención urgente de la Judicatura y los investigadores deben verificar cuanto antes las denuncias de supuesta corrupción, que salpican a más funcionarios.