Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Las víctimas del fatídico 30-S

La investigación en torno al 30-S solo ratifica la lentitud con la que se maneja el sistema judicial. Tras ocho años de ese fatídico momento, recién hace siete días se reconstruyó la muerte del comando Froilán Jiménez.

Apenas el 12 de este mes, los investigadores llegaron a la Brigada Patria y realizaron una inspección de las armas que los militares usaron para rescatar al expresidente Rafael Correa. Pero antes, la familia del policía tuvo que denunciar que el fusil con el que aparentemente se terminó la vida de Jiménez estaba desaparecido. ¡Increíble!

¿Qué dirán jueces y fiscales que a su turno conocieron este expediente? ¿Qué responderán los judiciales que indagaron la muerte del soldado Jacinto Cortez y otros tres decesos reportados en la insubordinación?

La justicia está obligada a acelerar su trabajo y establecer responsabilidades. Por ahora, el fiscal que tomó el caso de Jiménez ha encontrado 27 indicios que involucran a Correa y a su Ministro de Defensa. Todos los funcionarios citados en esta trama deberán responder. ¿Quién dio la orden de rescate? ¿Quiénes estaban en esa cadena de mando? Aún hay muchas interrogantes.

¿Se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa de los procesados? 50 personas fueron encarceladas por la revuelta. Ahora, ellos cuentan que perdieron todo: carrera, familia y dinero. Se quedaron sin nada y aseguran que bastó una foto para ser juzgados.

De ser así, la Judicatura debería investigar de inmediato a los judiciales que intervinieron.

La Contraloría también deberá aclarar más detalles. En sus manos está un pedido remitido por 450 afectados por el 30-S, para que se auditen las fiestas que el correísmo organizaba cada 30 de septiembre y recordaba el denominado “triunfo de la democracia”.

Es urgente que se aclaren los gastos efectuados por la comisión gobiernista que indagó la revuelta de los agentes, que se indague el destino de los dineros que policías y militares pagaron como glosas. Es imperante que por el bien del país se esclarezca todo.