Una incansable lucha de 18 años por encontrar a su hijo

Lo que ha hecho Zoila Chimbo es digno de aplaudir. Una mujer humilde, dedicada a la venta ambulante, luchó contra el todo poderoso Estado y ganó. Luego de 18 años de pelea y con la ayuda de grupos que defienden los DD.HH. logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) fallara a su favor.

El organismo señaló al país como responsable por la desaparición de su hijo Luis Guachalá, un chico que estuvo internado en un hospital público quiteño.

En la sentencia se fijó una compensación económica, pero la madre solo quiere hallarlo vivo o muerto. Seguirá en ese cometido. El pedido para que el presidente Guillermo Lasso la ayude está planteado. Una tenacidad digna de aplausos. Otras mamás siguen el mismo camino. Resulta que 1 233 personas que desaparecieron entre el 2012 y abril del 2021 todavía no vuelven a casa.

¿Cuál es la respuesta del Estado? Los familiares se quejan. Hay casos en que por el mismo expediente pasan hasta seis y siete fiscales. Cuando ocurre aquello todo vuelve a cero y comienza a reescribirse la historia jurídica. Se revictimiza a los afectados.

Está bien que ahora la Fiscalía reconozca que sí hay rotación de agentes y que diga que aquello se debe a que el personal es separado, porque su trabajo no arroja resultados. Entonces, que también se indique públicamente cuántos fiscales han sido sancionados por su mal rendimiento en las investigaciones relacionadas con desapariciones.

A Zoila Chimbo le dijeron en las oficinas fiscales que Luis Eduardo ya no aparece y que regresara a casa a cuidar a sus otros hijos. Todo lo contó ante los magistrados de la Corte-IDH.

La historia de Yanera Constante es similar. Su hija está desaparecida desde el 4 de diciembre del 2010. Su familia no ha visto a Giovanna Pérez desde que tenía 19 años. Desde entonces presiona para que se aclare el hecho. Hay obstáculos.

17 funcionarios judiciales son indagados por posible negligencia. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa, los responsables de no rastrear o retrasar procesos deben ser sancionados.

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), el Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Femicidios (Covidefem), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Luna Roja empujan esta causa. ¡Enhorabuena! El caso ya se encuentra en la Corte-IDH desde mayo del 2020.

María Toapanta también espera reencontrase con Byron, su hijo al que no lo ve desde el 23 de junio del 2016. Los afiches que la autoridad estatal elabora con la foto de quienes son buscados, se publicaron recién un mes después de que se reportara este hecho.

Tres fiscales han conocido este expediente, pero no hay una respuesta sólida. El principal sospechoso está prófugo. Los agentes practicaron dos búsquedas en una quebrada. La familia no recibe información clara de aquello.

El Estado está obligado a atender todos los requerimientos. Que no se repitan más casos como el de Luis Guachalá y el padecimiento de Zoila Chimbo.