Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Hordas violentas

Lo sucedido en las violentas manifestaciones de octubre dejan más de una lección. No pueden repetirse escenas como las protagonizadas por hordas agresivas que incursionaron en los barrios y desataron pánico en los vecinos.

Solo cuatro días después de que la crisis terminara llegó la preocupante alerta de que civiles se estarían armando de forma clandestina. La Policía investiga y tiene pistas de que en Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Carchi y El Oro operan grupos que arman pistolas, revólveres o similares para venderlos en los mercados irregulares.

Ecuador es un país de derecho y sus cuerpos de seguridad tienen la obligación de proteger a los ciudadanos (art. 158 de la Constitución). No esperen a que la crisis se repita. Los vecindarios piden tranquilidad, pero no hallan respuestas. La Federación de Barrios capitalinos es bastante clara: en el 80% de 100 barrios se montaron brigadas nocturnas que hacen patrullajes.

Sus dirigentes saben que una de las causas para esa reacción es que la Policía Nacional no cuenta con el suficiente personal.

La Secretaría de Seguridad lanza otro dato: Quito tiene un déficit de 7 000 agentes. Una cifra por demás preocupante.

En las urbanizaciones hay temor porque la violencia pueda volver. Es increíble, pero han dado muestras de organización y de la intención de protegerse como sea.

El Código Penal (art. 360) castiga con cárcel de seis meses a un año a quienes mantengan en su casa, oficina u otro sitio un arma de fuego sin licencia. Esta figura se llama tenencia. El porte ilegal, en cambio, es penado con privación de la libertad de tres a cinco años. Este ilícito se configura cuando alguien lleva consigo o traslada el arma sin permisos o documentos. La norma es clara y hay que respetarla.

En Ambato también ha aumentado el número de brigadas barriales. Antes eran 28, pero después de las movilizaciones subieron a 36.

En esos días hubo temor. Las alarmas sonaban y la gente se unió ante posibles ataques de grupos delictivos. Que eso no vuelva a ocurrir.