Lo presentaron como una de las grandes invenciones de la revolución ciudadana. Sus mentores anunciaron pomposamente que la aplicación de los grilletes electrónicos permitía a Ecuador estar a la vanguardia del sistema penitenciario en la región. No es así. Las cárceles atraviesan una severa crisis y los brazaletes se destruyen paulatinamente.
Su eficacia es por demás cuestionada. Las seguridades del equipo no impidieron el 20 de octubre del 2018 que Fernando Alvarado, exhombre fuerte del correísmo, se despojara del aparato y huyera del país.
Hubo golpes de pecho y de ahí no pasó. El 3 de julio se desató otro escándalo.
Dos jueces de la Corte Nacional levantaron la prisión que pesaba en contra de otro hombre de confianza de Rafael Correa, Alexis Mera, y ordenaron su arresto domiciliario con uso de grillete incluido.
Los brazaletes no son seguros. Lo dijo la Contraloría en un primer informe del 2018.
El sistema remitía dos posiciones simultáneas de un mismo procesado. El software enviaba las alertas sin diferenciar su nivel de complejidad. La operación era manual.
Un operador del centro de monitoreo verificaba verbalmente que la información haya llegado a los policías. Los datos no eran almacenados en ninguna plataforma.
¿Estas falencias han sido superadas? Nadie responde con certezas.
Lo cierto es que ahora de los 4 966 aparatos adquiridos hace tres años, 2 100 están inhabilitados. Los procesados los destruyeron con piedras, martillos, tijeras o sierras.
Eso le cuesta al país USD 3,1 millones y la garantía solo cubre daños de fábrica y no los desperfectos que son provocados.
La mayoría de quienes lograron deshacerse de los grilletes ha sido recapturada.
Sin embargo, los jueces les vuelven a otorgar ese beneficio. ¿Por qué? El Consejo de la Judicatura debería responder y no lo ha hecho.
34 personas continúan prófugas y en esa lista aparecen procesados por trata de personas, robos, tráfico de drogas y asociación ilícita.