Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

¿Los policías detienen y los jueces liberan?

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Martes 08 de diciembre 2020

El debate no es de ahora. Ha estado siempre vigente. Hoy ha vuelto tras la ola de violencia desatada en el país. Sin duda provoca indignación saber que los detenidos obtienen su libertad horas después de ser capturados.

¿Los policías arrestan y los jueces liberan? Las estadísticas ayudan a entender este fenómeno. Resulta que el 39% de  31 826 apresados este año abandonaron sin problemas las oficinas judiciales. En unos casos, los magistrados evitaron la prisión y ordenaron que los sospechosos se reporten periódicamente mientras dure el proceso.

Esta medida está regulada en el Código Penal vigente desde agosto del 2014. La Policía se molesta, porque los implicados desobedecen la orden judicial, se ausentan definitivamente y todo queda impune.

En otros casos, los aprehendidos obtienen la libertad luego de que los jueces no hallan delito alguno, pese a las armas y otras evidencias presentadas. O, simplemente, no se califica la flagrancia. Puro tecnicismo jurídico. Lo de fondo es que asaltaron.

También hay un grupo importante que evade la cárcel, porque los afectados llegan a un acuerdo con sus victimarios. Sí, con aquellos que les apuntaron con un revólver, les intimidaron y los robaron violentamente.

643 apresados se beneficiaron de estos entendimientos en 11 meses del 2020.

Pagan USD 200 o USD 500 a las víctimas, ofrecen disculpas y zanjan todo. Pero de por medio hubo un complejo trabajo investigativo.

Por ahí hay que comenzar a trabajar. La delincuencia es un problema estructural que urge de respuestas similares. Las instituciones tienen que actuar en conjunto. No más personas movilizándose sospechosamente en automotores sin placas. Hoy se sabe que  1 739 motocicletas han sido usadas para robar o asesinar. Con 2 888 vehículos ocurre igual.

En unos se encontraron armas de fuego y en otros puñales. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa hay que juzgar a los responsables y para ello es fundamental que se profundicen la coordinación entre jueces y policías.