Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Funcionarios judiciales con carné de discapacidad

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Martes 14 de julio 2020

Molestia. Sí. Eso provoca saber que personas inescrupulosas accedieron de forma ilegal a carnés de discapacidad y los han usado dolosamente. La justicia está obligada a aclarar todo, pero tendrá que comenzar por casa.

Resulta que 661 funcionarios judiciales tienen en su poder este documento. Puede ser que lo hayan obtenido por los canales regulares, pero el Consejo de la Judicatura debe responder al país y decirle si es así o no.

Por ahora todos son investigados y para ello hay que apoyarse en las instituciones involucradas. El Ministerio de Salud tendrá que ejecutar una auditoría urgente para verificar si pasaron o no por todos los filtros.

Si alguien se benefició de descuentos o exoneración de tributos, el Servicio de Rentas Internas debe entregar los nombres.

El Servicio de Aduana también está obligado a proporcionar datos que permitan saber si alguien se acogió a su condición de discapacidad para importar vehículos.

Adicionalmente, es necesario que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias remita un informe para conocer si algún funcionario judicial hizo mal uso de su carné y solicitó formalmente descuentos en la pensión de alimentos para sus hijos.

Jueces, conjueces, fiscales, defensores públicos, notarios y hasta el último empleado del sistema de justicia tendrán que someterse a ese escrutinio público. Es necesario.

Algunos incluso dicen tener el 100% de discapacidad. 98 de los 661 funcionarios que poseen el documento son magistrados. 43 de ellos tendrían algún problema físico, 22 visual, 13 auditivo, dos intelectual, ocho psicológico y de lenguaje y 10 no registran en el carné el tipo de inconveniente que aseguran tener.

La Judicatura dice estar preocupada por estas cifras y no es para menos. Solo una indagación profunda dirá quiénes pueden seguir en sus cargos y quiénes no. La Fiscalía debería estar atenta a los resultados de la investigación administrativa que se ejecuta. Es imperativo que también se abra un expediente penal contra quienes actuaron fraudulentamente.