‘Para hacer fiesta no tengo que pedirles permiso’
Sí. Así de penosa fue la respuesta de gente alcoholizada que intentó agredir a policías que el sábado llegaron a la Argelia, un barrio del sur de Quito, y suspendieron una masiva fiesta clandestina.
Los libadores estaban violentos. Se escudaron en que se trataba de una cita familiar y que no tienen que pedir permiso a nadie para bailar y beber. Falso. El país atraviesa una crisis sanitaria y en él rige el toque de queda que restringe el derecho a reunirse.
Este fue solo uno de los encuentros ilegales que quedaron al descubierto el fin de semana. En otro caso, una pequeña habitación, en la que se improvisó una discoteca, estuvo atestada de jóvenes. Todos usaban mascarillas, pero en la barbilla o en el cuello. Bebían y gritaban: déjennos vivir. ¡Penoso!
Los centros de diversión nocturna también abrieron. Adentro había música, mucha cerveza y personas sin cubrebocas.
“Apenas llego y tengo derecho a divertirme”. Así respondió a los agentes un hombre.
Quienes irrespetan el toque de queda por primera vez son multados con USD 100.
La sanción por una segunda infracción es de USD 400 y la tercera es la prisión. Esos valores económicos llegan en las planillas de la luz, agua o teléfono. Este es un Estado de derecho y hay que respetar las disposiciones.
No más aglomeraciones para jugar vóley, como ocurrió en Calderón. Los militares cortaron las redes, retiraron a la gente y el licor.
En el sector del Bicentenario se desalojó a 60 personas que se encontraban en una cancha deportiva, se decomisaron 180 botellas de bebidas alcohólicas y se clausuró una tienda de abarrotes por funcionar como cantina, pese a que no tenían los documentos que la avalen.
En el centro de Quito también fueron retirados 230 ciudadanos que libaban en la vía.
Las Fuerzas Armadas sacaron a las calles a sus elementos para presionar a los infractores.
Los primeros informes muestran que las operaciones dieron resultado y que en seis parroquias más conflictivas lograron reducir la problemática. Que así sea y que los responsables sean sancionados con el rigor de la ley.