Las FF.AA. sí están en la frontera. ¿Y el resto?
Sí. Los soldados vigilan la frontera. Son militares élite y en Mataje están comandados por un excombatiente del Cenepa. Enhorabuena. Bajo su resguardo están los pocos pobladores que quedan, la única escuela y los médicos que trabajan en esta zona, en donde hace casi siete meses fue plagiado un equipo de prensa de este Diario y fueron atacados los infantes de Marina (tres murieron allí).
Pero la tarea no solo compete a Fuerzas Armadas. Después de la violencia desatada por los disidentes de las FARC, el Gobierno anunció que el Estado irá a la frontera norte. En Mataje es difícil encontrarlo.
Los profesores piden un psicólogo, para ellos y para sus alumnos. Envíen urgentemente a profesionales que trabajen con los niños; algunos de ellos muestran agresividad en su comportamiento.
Vayan y entreguen computadoras. Instalen servicios de Internet, para que los maestros enseñen a los chicos. Nada de eso hay.
En Mataje tampoco hay agua potable. En mayo, EL COMERCIO mostró que dotar del servicio a esa y otras zonas de San Lorenzo costaría USD 13 millones. Pese a ser una cifra baja con relación a las que se manejaron en las obras públicas en los últimos años, sobrepasa el presupuesto del Municipio local, que en 2017 fue de USD 5,6 millones y este año es de USD 5,1 millones. El Estado también debe estar ahí.
Esmeraldas, en general, tiene poco acceso al agua y al alcantarillado, registra el mayor desempleo respecto de las otras provincias de la frontera norte; su gente accede poco al sistema financiero. En Mataje, las telecomunicaciones son casi nulas. Igual sucede en el trayecto entre San Lorenzo y Esmeraldas.
Eso hay que cambiarlo ya, antes de un nuevo embate de armados que no se acogieron a la paz de Colombia. Se habla de 3 000 disidentes agrupados en 30 estructuras ilegales. La zona en donde muchas de estas personas operan es precisamente frente a Esmeraldas.
La solución no solo es militar. Eso se sabe y se dice, pero no se pone en práctica.