Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Una evaluación urgente a todo el sistema judicial

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Martes 12 de noviembre 2019

La evaluación a la Corte Nacional de Justicia es por demás saludable para el país. Pero también urge una revisión inmediata de lo que sucede en las Cortes Provinciales o en los despachos de jueces que receptan causas civiles, penales, laborales, de tránsito o de la Niñez.

En el más alto Tribunal de Justicia se descubrieron condenas con textos copiados, un aumento ‘desproporcionado’ del patrimonio de siete magistrados, quejas disciplinarias que jamás se trataron y persecución.

¿Qué sucederá en instancias judiciales inferiores? ¿Cómo estarán las oficinas fiscales? No hay un dato global, pero sí casos concretos en los que el afectado es directamente el usuario. Por ejemplo, una menor de edad esperó tres años para que los culpables de su violación sean sentenciados en Puyo, Pastaza. El tratamiento de este expediente se aceleró solamente cuando fue conocido por la Judicatura, en Quito.

En Muisne, Esmeraldas, un juez dejó caducar la prisión preventiva en un delito sexual y el procesado quedó en libertad.

En Riobamba, Chimborazo, una fiscal que investigó una violación no pidió la comparecencia del perito médico y el Tribunal Penal ratificó la inocencia del procesado.

En Guayaquil, una fiscal no acusó a un detenido pese a que un video lo captó en el momento en que asaltó un negocio con un arma. La investigadora no halló pruebas.

En esa misma ciudad, una organización criminal dedicada al robo, extorsión y acopio de droga fue liberada en menos de 24 horas.

En el caso del excandidato presidencial Iván Espinel, dos jueces fueron suspendidos por dilatar de forma “reiterada e injustificada” las audiencias por enriquecimiento ilícito.

En Yantzaza, Zamora Chinchipe, un juez liberó a detenidos por la Policía. Los agentes reclamaron y el Ministerio de Gobierno presentó una queja formal, para que se indague.

La lista de posibles anomalías es larga. La Judicatura abrió expedientes contra 500 servidores judiciales. Unos ya han sido sancionados. La evaluación a todo nivel es imperante.