Las últimas horas han sido fatales para los niños. Sí. Lo sucedido en Pifo, una parroquia de Quito, es terrorífico. Dos niños fueron envenenados. Sus pequeños cuerpos yacían en una cama y hoy la principal sospechosa es su madre.
Hay temor entre los vecinos. Las autopsias determinaron que los menores murieron por una intoxicación con químicos.
Casi a la misma hora en que se conocía de este infausto hecho, desde Riobamba llegaba otra trágica noticia. Los familiares confirmaban la muerte de Emilia, una niña de apenas 4 años, golpeada por su padrastro.
Permaneció cuatro días en coma y no soportó los politraumatismos y una lesión en el cráneo. Su abuela paterna la llora.
En ambos casos hay detenidos. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa, los responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la norma penal vigente.
El maltrato de los niños es altamente preocupante. Una reciente investigación de gente especializada muestra que el 47% de los padres todavía golpea a sus hijos para disciplinarlos. El castigo físico es frecuente.
Pero también se han reportado casos en que sufren insultos, burlas o encierros.
Es urgente que el Estado y sus autoridades actúen. El Código de la Niñez (artículo 50) es claro: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.
La Policía pide denunciar. Los familiares de los menores temen hacerlo por miedo a ser atacados por los agresores. Este círculo debe terminar. El servicio ECU-911, las oficinas policiales de los barrios, el 1800Delito, las unidades de Flagrancias son canales a los que pueden acudir apenas perpetrada la agresión.
La Policía y sus servicios comunitarios tienen una gran labor. Hay que trabajar de casa en casa en prevención, identificar posibles focos de riesgo y vigilar a aquellas familias que tienen antecedente de violencia interna. No más casos como el de Emilia ni de Pifo.