Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

¿Droga a domicilio?

La emergencia sanitaria desatada por el covid-19 no detiene a los narcos. Sí. Pese a los intensos controles de policías y militares en la calle, las mafias se han reactivado poco a poco y han reinventado sus operaciones criminales. Los cuerpos de Inteligencia tienen un gran desafío.

Por ahora cuentan con pistas concretas de cómo actúan: esconden las cargas ilegales entre los alimentos o el material de limpieza que supuestamente son movilizados para expender al público o alteran las placas de los autos para evadir las restricciones de movilidad, que están vigentes por la pandemia.

Otros entregan el narcótico incluso a domicilio o en lugares previamente pactados.

Los investigadores deben actuar más rápido y con fuerza. Está bien que durante la crisis hayan capturado a 419 personas y decomisado 3,7 toneladas de drogas en el país, pero estas bandas son muy poderosas.

Se mueven con grupos de apoyo bien organizados y sus ganancias son exorbitantes. Que no se desborde este fenómeno.

Los fiscales y los policías deben saber que los mayores problemas están en Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.

Que no se usen más vehículos con logos de empresas que venden comida o artículos de desinfección para trasladar cocaína o marihuana. Tampoco hay que permitir que los narcotraficantes se movilicen por las ciudades con motos que aparentan entregar alimentos a quienes están confinados.

El Código Integral Penal (art. 220) castiga con cárcel de hasta 13 años a quienes trafican droga. Los responsables tienen que responder a la justicia. Por ahora ya están procesados 332 miembros directos de estas redes delictivas.

El Estado tiene la obligación de proteger a los más vulnerables. Las mafias comenzaron a usar a familias con extremas necesidades.

Así esconden sus cargamentos en las humildes viviendas a cambio de pagos mínimos.

Reclutan a jóvenes y a adultos con adicciones para que repartan el producto.  Como pago reciben sus dosis. ¡Totalmente repudiable! Hay que parar este círculo criminal.