La emergencia sanitaria desatada por el covid-19 no detiene a los narcos. Sí. Pese a los intensos controles de policías y militares en la calle, las mafias se han reactivado poco a poco y han reinventado sus operaciones criminales. Los cuerpos de Inteligencia tienen un gran desafío.
Por ahora cuentan con pistas concretas de cómo actúan: esconden las cargas ilegales entre los alimentos o el material de limpieza que supuestamente son movilizados para expender al público o alteran las placas de los autos para evadir las restricciones de movilidad, que están vigentes por la pandemia.
Otros entregan el narcótico incluso a domicilio o en lugares previamente pactados.
Los investigadores deben actuar más rápido y con fuerza. Está bien que durante la crisis hayan capturado a 419 personas y decomisado 3,7 toneladas de drogas en el país, pero estas bandas son muy poderosas.
Se mueven con grupos de apoyo bien organizados y sus ganancias son exorbitantes. Que no se desborde este fenómeno.
Los fiscales y los policías deben saber que los mayores problemas están en Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.
Que no se usen más vehículos con logos de empresas que venden comida o artículos de desinfección para trasladar cocaína o marihuana. Tampoco hay que permitir que los narcotraficantes se movilicen por las ciudades con motos que aparentan entregar alimentos a quienes están confinados.
El Código Integral Penal (art. 220) castiga con cárcel de hasta 13 años a quienes trafican droga. Los responsables tienen que responder a la justicia. Por ahora ya están procesados 332 miembros directos de estas redes delictivas.
El Estado tiene la obligación de proteger a los más vulnerables. Las mafias comenzaron a usar a familias con extremas necesidades.
Así esconden sus cargamentos en las humildes viviendas a cambio de pagos mínimos.
Reclutan a jóvenes y a adultos con adicciones para que repartan el producto. Como pago reciben sus dosis. ¡Totalmente repudiable! Hay que parar este círculo criminal.