Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Mucho discurso, poca efectividad

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Martes 15 de diciembre 2020

De tanto escuchar y no ver resultados, la idea de luchar contra los corruptos quedó vacía, hueca. Sí. Dijeron que harían una cirugía mayor, convocaron a una comisión internacional, se sentaron en la mesa, se fotografiaron, dijeron que hoy sí. La realidad es otra.

Inmobiliar, es decir, el Estado tiene en su poder 28 bienes inmuebles de solo tres casos de corrupción. Pero la lista de expedientes que llega a la Fiscalía General es larga.

Desde agosto del 2014 hasta septiembre del 2020 ingresaron 2 461 denuncias por peculado, 1 293 por concusión, 720 por cohecho, 298 por enriquecimiento ilícito.

Este año se abrieron 196 expedientes más por diferentes ilícitos perpetrados en medio de las compras durante la pandemia.

¿Por qué, entonces, Inmobiliar tiene pocos bienes? La queja es la misma: los magistrados no ayudan; las leyes tampoco.

El 19 de febrero del 2019, la Procuraduría, la Contraloría, Secretaría Anticorrupción, Fiscalía, Judicatura, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron un pomposo “Acuerdo Interinstitucional”.

Dijeron que así ningún actor involucrado en el combate a este problema fallará.

Un año y dos meses después, muchos de los funcionarios que suscribieron el documento no están, la Secretaría Anticorrupción desapareció y los nuevos representantes se cuestionan entre ellos, porque no ven coordinación para frenar las ilegalidades.

La Fiscalía dice que solo en el 20% de procesados por peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito recibe prisión preventiva. Los jueces aseguran que los fiscales no piden esa medida.

La Procuraduría atribuye a una justicia engorrosa la imposibilidad de agilitar el embargo y remate de bienes. La Judicatura advierte que los magistrados manejan sus tiempos para despachar y que no puede hacer más.

Lo cierto es que de los tres casos que están en poder de Inmobiliar, solo en uno se puede vender las propiedades, porque ya existe sentencia en firme. El trámite va lento.