Hay deudas de Lenín Moreno con el país. En temas sensibles como el secuestro y asesinato del equipo periodístico de este Diario, el manejo dejó que desear. El 5 de abril del 2018, en un diálogo con periodistas de Latacunga, el exmandatario anunciaba que traerá con vida a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Nueve días después, Moreno apareció en el ECU-911 y anunció lo peor: los tres habían sido asesinados después de ser interceptados en Mataje-Esmeraldas.
Pero las cosas no quedaron ahí. Pese a siete ofrecimientos del entonces Presidente, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) ha negado permanentemente desclasificar información relacionada con este hecho.
¿Hay algo que esconder? ¿Por qué no transparentan todo? ¿En la Policía aún queda personal que tuvo contacto directo con el extinto alias Guacho, cabecilla del grupo que plagió, trasladó a Colombia y acribilló a los tres?
Después de que el 27 de enero del 2018, los disidentes de las FARC atacaran con un carro bomba al cuartel policial de San Lorenzo, un agente todavía chateaba con el cabecilla de la mafia. ¿Qué dicen hoy los comandantes?
El presidente Guillermo Lasso tiene la gran oportunidad de desclasificar los datos sobre este lamentable episodio y aclarar ante la historia lo ocurrido con el equipo de prensa, con la pareja de Santo Domingo de los Tsáchilas y con los soldados asesinados por los ilegales.
Las buenas relaciones con Colombia pueden ayudar en ese cometido. El 21 de abril, Quito y Bogotá anunciaron públicamente que trabajarán estrechamente en temas de seguridad. Que así sea.
Es el momento oportuno para que la nueva administración lleve el Estado a la frontera norte, una promesa que el gobierno de Moreno tampoco cumplió.
Las nuevas autoridades deben saber que en esa zona las cosas siguen agitadas. El año pasado, armados que operan en San Lorenzo asesinaron al comisario municipal, acribillaron a un funcionario judicial, atacaron a policías que se movilizaban en un auto blindado y a un juez.
Que el trabajo vaya más allá del orden público. Está bien que se entregue 12 lanchas a los soldados, pero las necesidades son múltiples en diferentes áreas.
La educación aún es deficitaria. Tras la violencia desatada hace tres años, solo 74 de 120 niños continuaron su formación primaria en la única escuela de Mataje, un pueblo en donde viven 72 familias. Unos se pasaron a Colombia y otros se quedaron en San Lorenzo.
El sistema estatal de salud tiene problemas. Al 2018, Esmeraldas reportaba un déficit de 167 profesionales sanitarios. Las cosas no han mejorado a la fecha. El personal médico tiene temor de laborar en las poblaciones fronterizas.
Para ese año, el 41% de la gente que vivía en esa provincia no accedía al agua potable y el 57,1% al alcantarillado.
Estos temas deben ser tratados al más alto nivel. El Cosepe se ha reunido dos veces en el poco tiempo de este gobierno. Está bien, pero que el combate a la violencia no se vea solo desde lo policial y militar. Sería un error enfrentar este mal únicamente desde esas esferas.