Los desafíos de la justicia
En este año se depuró la Corte Nacional de Justicia, pero aún hay tareas pendientes. La Judicatura ofreció para el 2020 hacer lo mismo con las cortes provinciales, pero además deberían ir por los jueces de cada ciudad, quienes reciben los procesos en una primera instancia.
Hay desconfianza en los operadores judiciales. Sin duda. Entre el 29 de enero y octubre del 2019, la Judicatura destituyó a 23 jueces. Pero las quejas son más. No es posible que una menor de edad espere tres años para que se condene a los responsables de la violación perpetrada en Puyo-Pastaza.
Tampoco es aceptable que un magistrado de Pichincha vulnere a una víctima de agresión sexual y la revictimice al simular un ataque con navaja en una diligencia judicial.
En esta provincia, otros dos jueces fueron denunciados luego de que el pasado 6 de noviembre revocaran la sentencia de dos años, que pesaban contra una ex asesora de la Asamblea señalada en el caso ‘diezmos’.
Esa decisión se tomó pese a las pruebas contundentes detectadas por la Contraloría y a los documentos que dejaron al descubierto cómo recibía depósitos considerables. Había quienes pagaban una buena parte de su sueldo para conservar sus cargos.
En Muisne-Esmeraldas, en cambio, un juez dejó caducar una prisión preventiva en un caso también relacionado con violación. Esta acción hizo que el detenido quedara libre.
Las autoridades además están obligadas a aclarar cómo actuaron los jueces en el caso de una exfuncionaria del Seguro Social.
En apenas dos años y tres meses pagó condenas por enriquecimiento ilícito, dos casos de tráfico de influencias y peculado.
Sin embargo, solo este último ilícito es castigado con cárcel de hasta 13 años.
Casos como el de un juez de Pastaza procesado por cohecho, extorsión y tráfico de influencias ponen en duda el correcto funcionamiento del sistema judicial. Los ecuatorianos han visto cómo incluso un presidente de la Corte Provincial es indagado por posible lavado. Es urgente una depuración completa.