Se presentaron molestos. Dijeron que su lucha contra la corrupción es inclaudicable y que no les temblará la mano para sancionar a los jueces que incurran en faltas administrativas. Está bien que los vocales del Consejo de la Judicatura se muestren enojados ante las cámaras, pero el país requiere acciones concretas.
¿Para cuándo la depuración de los judiciales de primer nivel? ¿Cuándo se evaluará a las Cortes Provinciales? Resulta que ahora anuncian pomposamente que en este año han destituido a ocho jueces en el país.
En ese grupo está el magistrado que redujera la sentencia de 20 años a ocho a favor de un detenido. ¿Qué más hicieron a más de separar al funcionario? Al parecer nada.
Otra jurista tomó el caso. Le otorgó prelibertad a este cabecilla y el viernes abandonó la cárcel de Cotopaxi entre aplausos.
La justicia está golpeada. Sí. Hoy incluso es investigado el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, que no aceptó la prisión preventiva para el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.
Otro que ocupaba ese mismo cargo también fue señalado en noviembre del año pasado por supuesto enriquecimiento privado no justificado y por lavado de activos.
La Judicatura debe saber que hay muchos otros casos que no son denunciados por miedo a represalias. Son usuarios que no tienen poder ni dinero para enfrentarse. A ellos hay que cuidarlos y protegerlos.
En Puyo, la violación de una menor pasó tres años sin resolverse. Ella, su familia y su abogada chocaron con un sistema judicial perverso. Protestaron, visitaron las oficinas judiciales y enviaron oficios para ser escuchados.
La Mesa por la Verdad y la Justicia señala a 423 jueces de cortes provinciales, de primer nivel y otros servidores judiciales por persecución. Ahí están insumos que pueden usar.
El Consejo de la Judicatura está obligado a revisar caso por caso. Dejen a los buenos funcionarios y separen rápidamente a los malos.
Ahora dicen que el trabajo es fuerte. Para eso fueron designados como autoridad. Háganlo.