Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

¿Decisiones judiciales que ayudan a delincuentes?

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue tajante. En una entrevista con este Diario advirtió que existen fallos judiciales que ayudan a los delincuentes. La frase es contundente y debiera retumbar en los oídos de los operadores de justicia. Resulta que en delitos comunes, los jueces aplican prisión preventiva en el 50% de casos. Pero en expedientes relacionados con corrupción solo se usa en el 20%.

Eso molesta a la Fiscal y con razón. ¿Por qué los administradores de justicia no actúan coordinadamente, sin que eso implique interferencia? ¿Por qué operan como islas?

El 19 de febrero del año pasado, las cabezas visibles de la Contraloría, Fiscalía General, Procuraduría, Judicatura, Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) posaron ante las cámaras y firmaron un acuerdo interinstitucional para luchar contra la corrupción.

Nombre pomposo, pero al parecer sin resultados. Sí. No se sabe qué hicieron con ese entendimiento. La Fiscal dice que no tiene ninguna evaluación ni seguimiento y que muchas veces esos acercamientos “quedan en el papel”. Otras entidades que se sentaron en la mesa no responden. Hay silencio.

Todos tendrían que reaccionar para que las decisiones judiciales no ayuden a los delincuentes. La Judicatura apenas alcanza a decir que no puede interferir en los pronunciamientos de los judiciales. Es verdad. La Constitución lo prohíbe. Por eso urge que quienes firmaron el acuerdo anticorrupción se sienten otra vez en la mesa y dialoguen.

No es suficiente con lamentarse después de que los fallos queden en firme. Hoy, un supuesto cabecilla de una poderosa banda está libre por el fallo de dos magistrados.

Uno de ellos fue separado del cargo. ¿Consiguieron algo con esa sanción? No. Así se repiten otros hechos. En Otavalo, una jueza dejó en libertad a una persona investigada por lavado y en el que existen bienes incautados por USD 7 millones de dólares. ¡Penoso!

La corrupción campea y el país reclama respuestas contundentes de la justicia.