Es penoso ver cómo en medio de una pandemia que azota al país, en los hospitales públicos estallan a diario escándalos que dejan en entredicho los contratos para comprar mascarillas, fundas para recoger cadáveres, overoles, trajes de bioseguridad e insumos médicos.
14 casas asistenciales están intervenidas. La Fiscalía tiene serias sospechas de irregularidades en las contrataciones. Hay personas detenidas y los responsables dar cuentas en los tribunales penales.
La justicia debe actuar con celeridad. La Comisión Nacional Anticorrupción cuestiona que no lo haya hecho. El año pasado entregó a los investigadores tres denuncias sobre lo que ocurría en los centros asistenciales, pero los documentos siguen en la primera fase de investigación. En esos casos no hay procesados y menos detenidos.
Hace cinco días, la Comisión solicitó que se investigaran 23 contratos más que los hospitales firmaron por USD 32,5 millones.
Sus indicios apuntan a 11 contratistas (cuatro empresas y siete personas naturales), que registran actividades comerciales que nada tienen que ver con temas sanitarios; se dedican a las áreas de la ferretería, venta de alimentos y publicidad.
Esa pista dejó al descubierto a quiénes, en medio de la emergencia, han vendido o intentado vender a los centros médicos estatales. Son grupos vinculados a cebicherías, restaurantes, cafeterías, a la venta de cortinas, tapetes y visillos, a la organización de eventos deportivos, culturales y artísticos.
Estos datos están en poder de la Fiscalía y sus agentes advierten que adquirir insumos médicos a firmas relacionadas con otras áreas comerciales podría acarrear delitos tributarios.
Una empresa de publicidad también estuvo a punto de vender equipos laparoscópicos a uno de los hospitales más grandes del país. La autoridad intervino y todo entró a revisión.
Está bien que los órganos de control actúen. Pero ¿lo hicieron antes? o ¿esperaron a que la pandemia desatada por el covid-19 delate a los corruptos? El país merece que todo se aclare.