Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Corrupción que espeluzna

Seis meses después de que estallara la crisis sanitaria se sabe a ciencia cierta la magnitud de la corrupción que en este tiempo golpeó a los hospitales, a los gobiernos central y seccionales.

Resulta que este mal se extendió por el país. Únicamente en cuatro de 24 provincias no se han detectado hechos ilegales.

Una investigación de ese Diario muestra que los agentes tienen en su poder 95 expedientes y rastrean delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y tráfico de influencias, entre otros.

Los operadores de justicia están obligados a esclarecer todos los hechos. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa deben sancionar a los responsables.

Está bien que la Fiscalía haya creado un equipo especial para tratar esas causas, pero es primordial que estas continúen su curso de forma ágil. Hasta el momento, el 90% de los expedientes continúa en la fase inicial de una investigación penal. Apenas el 10% ha pasado a la segunda etapa.

Que no se repitan más casos de sobreprecios en la compra de fundas para cadáveres o en la adquisición de medicamentos.

No más altos funcionarios de un gobierno involucrados en la contratación de kits alimenticios ni personal que escoja a empresas pese a que presentan ofertas costosas.

La Policía tiene en sus registros 127 personas detenidas en todo el año por delitos que van en contra de los intereses del Estado. La mayoría está relacionada con tramas vinculadas con adquisiciones en la pandemia. El 50% de las capturas está en Quito y Guayaquil.

Pichincha, Guayas, Los Ríos son las provincias con más casos judicializados por corrupción. El país ha sido testigo de cómo personajes públicos han sido arrastrados por este mal. A su paso incluso han llevado a sus familiares.

La Policía ha hecho su parte en esta coyuntura. Sus equipos han ejecutado una serie de allanamientos y seguimientos. Hoy tiene la tarea de capturar a quienes han escapado y son buscados por la justicia. El trabajo debe continuar en pro de la transparencia.