La violencia desatada en Mataje es por demás sensible y es imperante manejarlo con responsabilidad. El presidente Lenín Moreno ha dicho el lunes que en el gobierno de Rafael Correa al parecer había un acuerdo tácito para que la droga transitara libremente por la frontera. En abril ya lanzó una alerta similar.
Entonces, la justicia está en la obligación de aclarar estas pistas. ¿Quiénes dejaron pasar la droga? ¿Por qué lo hicieron? ¿En dónde están los involucrados? Los responsables tendrán que hablar ante la justicia y el país.
Pero las denuncias también deben ser sólidas y fundamentadas. Caso contrario todo quedará en el aire, como un episodio más de dolor, que involucra a familias de nueve ecuatorianos asesinados por los narcos.
Por respeto a ellos no politicen el tema y si no tienen pruebas dejen que los investigadores hagan su trabajo técnico y encuentren a quienes dejaron crecer el problema.
Es de lamentar que los gobiernos hayan abandonado a los pobladores. Ahora, Esmeraldas tiene la tasa más alta de desempleo en la frontera norte: 7 de cada 100 trabajadores están en esas condiciones.
Tiene poco acceso al agua y al sistema financiero. Por si fuese poco, el personal de salud se resiste a laborar en la zona.
Ese es el legado de quienes pasaron por el poder. Sería deplorable que además de la desatención, la autoridad haya tenido un “acuerdo tácito” para el flujo de la droga.
Es hora de que se aclare todo y que no quede en ‘vendetta’ política. El Estado debe instalarse en Mataje, en Guadalito, en El Pan, en Labores Agrícolas. Esos pueblos piden ayuda estatal y seguridad para sus actividades. Siempre hablaron de eso, pero nadie los escuchó.
Es fundamental trabajar sostenidamente. Las autoridades han reconocido ante el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH que en la frontera norte se vivía una situación gravísima y que el riesgo era muy elevado y extremo. En ese contexto mataron a cuatro militares, asesinaron a periodistas y a la pareja de Santo Domingo. La verdad tiene que llegar.