La matanza de 79 presos perpetrada en febrero pasado estremeció el país. El caso escaló a esferas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Nacionales Unidades (ONU) condenaron semejante barbarie. Solicitaron que el Estado investigue la masacre. La Alianza de Organizaciones por los DD.HH.-Ecuador hizo lo suyo y atribuyó lo ocurrido a la ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales al interior de las penitenciarías.
Cuatro meses después, las peleas no han parado. Apenas posesionado este gobierno, desde el Rodeo de Portoviejo ya se reportaba un reo asesinado y tres heridos por enfrentamientos armados entre poderosas mafias que buscan el control al interior de las celdas.
En la Dirección de Rehabilitación se espera a las nuevas autoridades. Nadie se ha acercado. Funcionarios de Lenin Moreno siguen en esos puestos. Es verdad que esta administración aún arranca, pero la tarea por hacer es enorme.
Es urgente trabajar en proyectos a mediano y largo plazo. Esa fue una disposición que la Corte Constitucional emitió a inicios de año al cuestionar los resultados de los estados de excepción declarados en mayo del 2019 y octubre del 2020.
En reuniones mensuales, un delegado del Ejecutivo debe convocar al Directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social e informar sobre el avance del trabajo que se ejecuta en los reclusorios. La última vez que se reunió fue el 18 de mayo. Si quieren cumplir con la disposición constitucional, la próxima cita tendrá que instalarse en 11 días. El tiempo corre.
Quienes lleguen a dirigir las cárceles deben saber que adentro hay una fuerte disputa de bandas que están abiertamente identificadas con carteles mexicanos de Sinaloa o Nueva Generación.
La seguridad para controlarlos es mínima. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU recomiedan un celador por cada 10 internos. En Ecuador hay uno para 26 presos.
El presupuesto anual cada vez es menor. En el 2017, el entonces Ministerio de Justicia, que manejaba las prisiones, recibió USD 153,1 millones. En el 2019 cambió la estructura institucional, se creó el Servicio de Rehabilitación (Snai) y la nueva entidad comenzó a operar con USD 107,9 millones. Para este año se asignaron USD 91,4 millones.
Esos fondos alcanzan para cubrir solo los salarios de los 2 609 funcionarios (administrativos y guías penitenciarios) y para el pago del servicio de alimentación que reciben los internos.
Los recursos para inversión son casi nulos. Se requieren USD 165,9 millones para ejecutar cambios en 36 centros, construir otros 10 y adquirir grilletes.
Además, urgen USD 4,6 millones para talleres y para capacitar en temas laborales a los 38 000 reclusos.
El hacinamiento bordea el 30%. La actual administración ejecutó 10 obras de infraestructura en El Oro, Guayaquil, Tungurahua, Imbabura, Cañar, Carchi, Napo, Quito y Cotopaxi, pero siempre habrá necesidades. Allá hay que apuntar. Urge tomar las riendas.