Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Asalto y muertes en un matrimonio

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Martes 17 de septiembre 2019

Lo que sucedió en el festejo de un matrimonio, en Quito, es espantoso. Cinco hombres armados ingresaron a la reunión privada, desvalijaron a los asistentes, hirieron a ocho de ellos y se reportaron dos muertes. ¿Hasta cuándo?

En el país hay temor por este nivel de violencia y la reacción oficial ha sido anunciar medidas repetitivas, que no surten efecto.

El 29 de agosto, policías y militares recibieron la orden de reforzar los operativos. No es el primer llamado. Antes hubo otros.

El 20 de noviembre del 2010, el Juez 22º de lo Penal de Pichicha avaló las operaciones de FF.AA. en contra de los delitos y desde entonces estos pedidos han sido usuales.

¿Han dado resultados? El último informe del Ministerio de Gobierno -de julio de este año- muestra que la mayoría (55,56%) de los crímenes se perpetró con armas de fuego y el 30,29% con cuchillos o similares.

El control de este material está precisamente en manos de los soldados. Entonces, es urgente revisar si recurrir a las FF.AA. es la salida para frenar a las redes delictivas.

Lo cierto es que el ciudadano ha dado muestras de que busca justicia por cualquier medio, aún incurriendo en otro delito.

En el asalto del matrimonio, los asistentes golpearon a uno de los sospechosos hasta que perdiera la vida. Similares escenas han ocurrido en Posorja, Guayaquil y Quito.

Esta es una señal inaceptable. Los ciudadanos deben saber que este es un Estado de derecho, pero las autoridades también deben entender que sus ciudadanos reclaman protección. La Constitución (Art. 3, 8) garantiza a sus habitantes seguridad integral. Cumplan con esta disposición constitucional.

Nueve provincias están afectadas por los asesinatos. En la lista aparecen Carchi, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí y Tungurahua. Sus cifras están en rojo, al igual que las estadísticas nacionales.

Al comparar siete meses del 2018 con igual periodo del 2019, las autoridades reconocen un incremento de las muertes violentas en un 11,17%. Allí hay que actuar rápido. Háganlo.