Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

El fatídico caso de Juliana Campoverde

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Martes 09 de julio 2019

Lo que ocurrió con Juliana Campoverde y su familia es indignante. El calvario comenzó el 7 de julio del 2012 y siete años después no ha parado. 11 fiscales conocieron la desaparición de la joven y los avances en la indagación fueron exiguos, salvo en este último tramo.

Desde que el caso fuera reportado en las oficinas judiciales se ejecutaron 1 242 diligencias. Pero el 47% se concretó desde finales del 2017, cuando el expediente pasó a la actual investigadora. ¿Qué sucedió con el resto de agentes? ¿Su trabajo fue analizado?

Es conocido cómo la madre de Juliana se ha quejado por las trabas en el proceso y las difusas respuestas que recibía de los fiscales. La autoridad está en la obligación de aclarar el manejo de este sensible caso.

¿Qué sucede con otros expedientes que no son mediáticos? ¿Los familiares viven el mismo drama? En octubre del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó cómo los representantes del Estado ecuatoriano reconocían las falencias para investigar las denuncias relacionadas con desapariciones.

Solo Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay tienen personal exclusivo para esos temas. En el resto de provincias, los agentes que rastrean a desaparecidos también deben conocer quejas por violencia de género, accidentes de tránsito, robo de teléfonos, de viviendas, etc. La situación es difícil y los familiares no pueden ser olvidados. Necesitan ayuda estatal.

Los parientes de Juliana exigen que el caso se aclare. Ahora está en marcha un juicio en contra de un pastor evangélico, señalado por secuestro extorsivo, que derivó en muerte.

En el proceso se han detectado ocho contradicciones en las versiones del detenido. Dijo que no ejerció presión alguna sobre la joven, pero las pericias demostraron lo contrario.

Tras levantar información, la Fiscalía conoció que el religioso exigía a la chica que recurra a él para pedir permiso cuando quería ir al cine e incluso para ir de vacaciones con su padre. Solo la justicia dirá si el pastor es culpable o no.