Lago Agrio no quiere tener más crisis por culpa del petróleo. Sus habitantes casi se van a la bancarrota, cuando el barril se exportó hasta en USD 21,58 en enero del 2016.
Ese cantón y la provincia de Sucumbíos, así como su vecina Orellana, han basado su economía en la explotación petrolera, una de las actividades más importantes de estos dos territorios de la Amazonía. Cuando hubo buen precio y buena producción, la economía fue muy próspera; al menos eso tuvieron por cerca de 10 años. Pero luego del 2015 todo ha sido cuesta arriba.
Para no estar al vaivén de ese recurso, Lago Agrio sueña con un ambicioso proyecto de una nueva economía, pospetrolera.
Su alcalde Abraham Freire piensa en una economía del turismo, el comercio y la educación, como los nuevos pilares de crecimiento. Es un plan a largo plazo: de aquí a 30 años, dice Freire, porque no es posible lograrlo en cuatro años de su administración.
Su iniciativa, que es una especie de política municipal, es necesaria para el impulso económico y la seguridad ciudadana de las zonas petroleras.
Pero sus resultados y puesta en marcha dependen no solo del Cabildo, sino también de sus ciudadanos; es decir, de los gremios, las cámaras productivas, los ciudadanos organizados y de todos quienes viven en Lago Agrio; también es vital la presencia del Estado. Solamente con su participación es posible disminuir esa dependencia del hidrocarburo.
Este y los demás cantones amazónicos tienen en los mismos recursos de la explotación del oro negro el financiamiento para ejecutar los nuevos planes de desarrollo.
Este año, por ejemplo, los gobiernos seccionales de la Amazonía recibieron un presupuesto adicional de USD 2 por cada barril exportado. La Ley Amazónica definió las prioridades de trabajo en cada uno de los niveles de los gobiernos locales. Ahí puede estar el punto de partida para hacer realidad los proyectos de esa nueva economía, con la que sueña Freire y, seguramente, otros alcaldes.