Hemos recorrido 10 años de aprendizajes sobre cómo hacer prevención. Es muy poco tiempo para saber si los ecuatorianos ya estamos preparados para actuar frente a un terremoto, una erupción volcánica, inundaciones o a cualquier otro desastre natural. Creo que aún no lo estamos.
Nos falta mucho, porque este es un proceso de largo aliento. Sin embargo, estamos embarcados en esa tarea desde el 2008 cuando se creó la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (actual Secretaría de Gestión de Riesgos). Este paso fue importante, porque -por primera vez- el país adoptó un sistema de gestión de riesgos; es decir, una política o un camino para aprender conductas, hábitos y herramientas para no ser víctimas de un fenómeno, al cual sí lo podemos controlar.
Es una obligación mantener y fortalecer ese proceso, independientemente de que la Secretaría pase al Ministerio de Defensa, como se dispuso la semana pasada, mediante la reestructuración del Estado.
Esto que empezamos solo persigue, finalmente, salvar vidas y la infraestructura construida en las ciudades, que representan grandes inversiones. Con ese propósito se han articulado, unido y planificado las instituciones, técnicos, profesores, gobiernos locales, los habitantes y otros actores más que se han involucrado activamente para aprender y enseñar a prevenir.
Es urgente que el Gobierno clarifique si este proceso seguirá o qué lineamientos se han trazado en esta nueva etapa. Hay muchos temores de que presuntamente no será así, sobre todo porque el Ministerio de Defensa tiene unas funciones distintas a este sistema.
Sin ser una exageración, la prevención es una cuestión de vida o muerte, porque habitamos en una geografía rodeada de volcanes y expuestos a sismos y terremotos.
El país ha invertido muchos recursos y miles de personas se han capacitado en esta misión tan importante; y se ha puesto mucho más énfasis desde el terremoto del 2016.