Colombia y su plan sobre la migración
Colombia anunció esta semana la aplicación del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos. Tendrá una vigencia de 10 años y en ese tiempo pueden acceder a la regularización si deciden quedarse.
En el vecino país se encontraban, hasta diciembre, 1,7 millones de venezolanos, de los que 1 millón no están regularizados.
Esta medida, considerada histórica, supone una presión para los demás países de la región, que tendrán que adoptar mecanismos de protección y apoyo.
Desde el 2017, cuando fue más notoria su llegada -al menos en Ecuador- se tomaron decisiones restrictivas en vez de inclusivas. Desde pasados judiciales, visados, pasaportes hasta certificados de validez de la cédula de identidad se exigieron a los ciudadanos que ingresaban por el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia.
En esa línea han ido el vecino Perú y Chile y la situación es más complicada para los migrantes, debido al cierre de las fronteras, desde mediados de marzo pasado, por la emergencia sanitaria del coronavirus.
A fines del mes pasado, las autoridades peruanas militarizaron la frontera con Ecuador, sobre todo en los pasos ilegales, para impedir el ingreso de los venezolanos. La militarización ha agravado las condiciones de los viajeros, sobre todo de los niños, porque sufren todo tipo de carencias, como la falta de un lugar para pernoctar, comida, servicios sanitarios y están muy expuestos a contagiarse con el covid-19. En estos días también se realizan deportaciones desde Chile.
Bajo este panorama, el plan de Colombia llega como un alivio a esta crisis humanitaria y es una iniciativa que tiene un enfoque de respeto a los derechos humanos de los migrantes, y contra la xenofobia y la discriminación.
Esta medida posiblemente hará que muchos venezolanos que están en Perú o en Chile quieran ir al norte y eso significa que habrá para prepararse para apoyarlos, no solo con asistencia, sino con una Ley de Movilidad Humana que reconozca su derecho a migrar.