Economía de a pie

Los datos no dice nada por sí solos. Deben convertirse en información.

Vacíos en la propuesta laboral

La Ley de apoyo humanitario establece nuevas reglas de juego en el mercado laboral. Esas normas llegan tarde y al apuro.

La discusión de un nuevo Código del Trabajo, moderno, más flexible y que se ajuste a las nuevas dinámicas del mercado laboral, tiene años en el país. Por falta de decisión política o de acuerdos entre trabajadores y empresarios, el tema quedó estancado.

En medio de la crisis económica generada por la pandemia del covid-19 se ha emitido un texto para inyectar la tan ansiada flexibilidad en la contratación laboral, pero sin el análisis y los consensos suficientes.

La intención del texto es evitar el aumento del desempleo, que se estima suba en este año en 550 000 plazas. Hasta abril pasado ya se perdieron unos 110 000 puestos, la mayoría en el sector privado, según datos de desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las cifras son consecuencia de la paralización del 70% del sector productivo debido a las medidas de contención implementadas para contener el avance del virus en el país.

Sin embargo, la norma, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el viernes pasado y aún espera el pronunciamiento del Ejecutivo, tiene vacíos que pueden bloquear su aplicación. Y los trabajadores ya anuncian que presentarán demandas de inconstitucionalidad a algunos textos propuestos.

Uno de los temas que hay que aclarar es el planteamiento de que los trabajadores y los empleadores puedan llegar a acuerdos para ajustar las condiciones económicas de los contratos, pero sin precisar su alcance; es decir, si impacta al salario, la jornada, las horas extras, los décimos u otros beneficios.

El espacio que aún existe para la mejora del texto, a través de un veto, debe aprovecharse para garantizar la promulgación de una Ley que dé respuesta a la difícil situación del sector empresarial, pero garantizando los derechos de los más débiles, en este caso, los trabajadores. De nada sirve la promulgación de una norma si queda como texto muerto.