La banca privada debe lidiar con dos frentes sensibles en los próximos meses. El primero es enfrentar los problemas de pago de los clientes que se quedaron sin trabajo en la pandemia o que han visto reducidos sus salarios.
La presión de los usuarios del sistema financiero es grande porque ciertamente la situación económica sigue siendo crítica para muchos de ellos, pese a la reactivación parcial de actividades en el país.
Las medidas de alivio que se aplicaron al inicio de la pandemia para aplazar el cobro de las deudas son difíciles de mantener. La banca ahora ofrece otro tipo de soluciones para que los usuarios comiencen a pagar las obligaciones con una cuota menor y a un mayor plazo. El sector financiero tiene el desafío de brindar respuestas a los clientes que les dé el suficiente alivio en medio de la crisis sin afectar los indicadores de liquidez y solvencia que deben cuidar.
El segundo frente es una revisión de tasas de interés entre crecientes pedidos de los empresarios por acceder a crédito barato para la reactivación económica.
Pero la presión no solo viene del sector productivo. La propia Ley de Apoyo Humanitario aprobada el mes pasado dio un plazo a la Junta Monetaria y Financiera para elaborar un informe que permita revisar los actuales costos para acceder a préstamos. Esto supondrá un ajuste al sistema de techos de tasas de interés que rige en el país. Es importante que se defina el objetivo que se persigue antes de un cambio a la política.
Por un lado, una revisión o liberalización de los costos financieros no debe perder de vista un fin fundamental: el cuidar de los depósitos y tener un sistema financiero sano. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los techos actuales no han permitido ampliar el acceso a crédito y más bien han llevado a las instituciones a centrarse en segmentos menos riesgosos; se está prestando más, pero a los mismos clientes y se han quedado fuera otros pequeños negocios o microempresarios a quienes no les queda otro camino que el chulco.