El acuerdo con el FMI implica a más actores
Ecuador se comprometió a dos cosas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no dependen únicamente del Ejecutivo.
En primer lugar, los ajustes no solo contemplan al Gobierno Central, sino al Sector Público No Financiero (SPNF); es decir, serán más profundos e implicarán al IESS, a los gobiernos locales y a las empresas públicas. El Ecuador acordó con el Fondo alcanzar un superávit equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2021.
Se trata de un esfuerzo importante considerando que tiene menos de cuatro años para revertir una década de déficits fiscales. Solo el 2018 este indicador, que refleja la falta de ingresos para cubrir los gastos del sector público, cerró en el 1% del PIB.
El programa que recibió el apoyo del FMI es, en este sentido, exigente.
Los mecanismos están planteados para revertir ese escenario: disminución de la masa salarial, “revisión gradual y cuidadosa” a los subsidios y reducción de los beneficios tributarios. El mayor esfuerzo se verá en el 2020, considerando que los ajustes empezaron de forma progresiva en este mes y la reforma tributaria se discutirá recién a finales de este año.
En segundo lugar, el programa con el Fondo va más allá de lo fiscal.
A diferencia de los 18 acuerdos Stand-by firmados con anterioridad por el Ecuador, que buscaban solucionar problemas coyunturales del país, el acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) alcanzado en este mes prevé cambios estructurales de mediano y largo plazo.
Esto implica reformas para brindar más facilidades a las empresas en la contratación de empleados, cambios a la seguridad social, venta o concesión de la administración de empresas públicas.
Estos cambios no dependen del Ejecutivo, sino de la Asamblea, pero también de un acuerdo con la sociedad.
La búsqueda de consensos para lograr estos ajustes es indispensable y de eso dependerá el cumplimiento del programa gubernamental.