Los efectos económicos de la crisis sanitaria también amenazan con tocar a la seguridad social en el país, lo que supondrá un nuevo golpe al sistema que quedó gravemente lesionado en el período correísta.
La administración anterior envió una reforma a la Asamblea para que el Fisco deje de aportar el 40% para el pago de pensiones y, de este modo, usar ese dinero para gasto público. Así, se llevaron USD 9 000 millones de los afiliados desde el 2015. Para cubrir ese hueco, el IESS tuvo que usar sus ahorros y se debilitó al fondo de pensiones.
Aunque la Corte Constitucional ordenó reintegrar la contribución estatal desde el 2019, los débiles ahorros de la seguridad social se verán nuevamente comprometidos este año. El Fisco ha anunciado que suspenderá temporalmente hasta agosto la contribución del 40% para pensiones porque debe atender la crisis de salud. El monto es de USD 140 millones al mes.
Las decisiones pasadas y la coyuntura actual le impiden al IESS responder a las necesidades de sus afiliados. La entidad no puede reducir la tasa de interés en los hipotecarios o diferir los pagos de las cuotas de los créditos. Los patronos tampoco podrán aplazar los pagos de los aportes, excepto los voluntarios y las pequeñas empresas. Esto ocurre porque la entidad debe precautelar la liquidez para pagar las pensiones.
Expertos e incluso la Organización Internacional del Trabajo advirtieron la importancia del aporte estatal para la seguridad social, pero el Gobierno anterior insistió en vender, de forma irresponsable, una imagen de liquidez inexistente. El estudio actuarial de diciembre pasado señala que sin la contribución estatal los ahorros de la institución se acabarían en el 2023; es decir, no habría dinero suficiente para cubrir las pensiones.
El escenario se complica porque la tasa de desempleo subirá este año al 6,5%; es decir, los ingresos que percibe la entidad por aportes de trabajadores bajarán. La reforma a la seguridad social se hace urgente e imprescindible.