Las dos leyes económicas -de Reactivación y de Fomento Productivo- aprobadas por la Asamblea, por iniciativa del Gobierno, son generosas con el empresariado.
Las empresas que inviertan desde el pasado 21 de agosto en sectores como metalmecánica, petroquímica, farmacéutico, turismo, energía renovable y otras áreas priorizadas ahora están exoneradas del impuesto a la renta durante 12 años (8 años si la inversión en Quito y Guayaquil). Antes el beneficio era de cinco años.
Si la inyección de capital es en industrias básicas; es decir, refinación de cobre o aluminio, fundición de acero, petroquímica, refinarías, papel y astilleros, la exoneración del impuesto a la renta será de hasta 15 años y de 20 si la inversión es en cantones fronterizos. Antes era de 10. Las nuevas microempresas, en cambio, no pagarán impuesto a la renta durante tres años.
Los beneficios son generosos considerando que el impuesto a la renta es el segundo de mayor recaudación en el país, luego del impuesto al valor agregado.
El Gobierno promociona las nuevas reglas de juego en foros y giras. El presidente Lenín Moreno, durante su gira a Japón, presentó a Ecuador como un país abierto al mundo para atraer inversiones.
Las condiciones para que las compañías accedan a estos incentivos son: invertir y generar fuentes de empleo. Esas dos variables son vitales considerando que el Gobierno ha anunciado un plan de reducción gradual del gasto público.
En este año se suprimirán 20 entidades públicas, que por ahora significarán la supresión de hasta 1 500 plazas de trabajo.
Pero es probable que el mayor ajuste al empleo estatal venga del lado de las empresas públicas, especialmente las petroleras, que también se reestructurarán con apoyo del BID y la CAF, que estuvieron en Quito. Y hasta agosto el Gobierno redujo a la mitad la inversión pública, lo que explicará un menor desempeño en la economía en este año.