Inflación de mayo derribó un temor sobre retiro de los subsidios
Es una semana clave: este sábado se debe aplicar un nuevo incremento al precio del diésel y las gasolinas. Los transportistas no están de acuerdo con el ajuste y esperan reunirse esta semana con el presidente Guillermo Lasso. Es, sin ninguna duda, un tema sensible para el Gobierno, porque el reclamo ha ido sumando el apoyo de otros grupos, como del sector indígena. Pero, esta vez, el Gobierno tiene algunos factores que pudieran jugar a su favor en la mesa de discusión.
El actual sistema de bandas permite ajustar progresivamente los precios de los derivados hasta alcanzar los valores internacionales. La medida se aplica desde hace un año y eso permite evaluar ya parte de sus efectos.
Uno de los mayores temores era el impacto que podía tener ese incremento en el costo de los productos de consumo de los ecuatorianos. Lo cierto es que, a un año de la aplicación de esa política, la inflación más bien marcó niveles negativos. Por ejemplo, el precio del diésel subió 44% y el de los alimentos cayó 3,5%. Es decir, el incremento de precios de los combustibles no se ha trasladado de forma significativa al consumidor final.
Y, si bien la inflación mensual muestra variaciones positivas durante los últimos meses, todavía son pequeñas, lo que hace prever que la inflación se mantendrá en niveles bajos en el 2021.
El sector del transporte dice que está asumiendo el golpe del incremento y por eso pide suspender la medida hasta que se focalice el subsidio.
La focalización del subsidio a través de cualquier mecanismo -sea mediante chips, facturación u otros- suena complejo y no hay ejemplos de que haya funcionado con eficiencia en otros países. El camino es compensar.
Pero cualquier medida de este tipo debe tener en cuenta las diferencias entre los distintos grupos que conforman la actividad del transporte.
Por un lado está el transporte público, donde la revisión de tarifas no pasa solo por el tema del costo del diésel sino de mejoras en la oferta de su servicio, un justo reclamo de los usuarios y que aún espera por definiciones en los municipios. Por otro lado está el transporte privado que pide focalizar el subsidio a los derivados, aunque su negocio es privado; es decir, si suben los costos deberían subir los fletes. Lo mismo ocurre con los dueños de camionetas o buses de transporte escolar. Ellos sostienen que han asumido los costos por temor a que un incremento reduzca aún más su negocio, que está afectado por la pandemia.
El Gobierno anterior esperaba que el sistema de bandas permita desmontar los subsidios hasta marzo del 2022, pero el precio del crudo está alza lo que hace prever que el ajuste de precios durará más tiempo.Evitar que los combustibles acaben convirtiéndose en una bola de nieve es clave si no se quiere perder lo avanzado. El país ha logrado ya reducir USD 1 000 millones de un subsidio que beneficiaba principalmente a los más a los ricos y al contrabando.
Un acuerdo también es clave para que el Gobierno pueda encontrar la gobernabilidad que necesita para la aplicación de su plan económico.