Los datos no dice nada por sí solos. Deben convertirse en información.

Acoso telefónico

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Lunes 24 de junio 2019

El origen de la lluvia de llamadas es un aparente “excelente récord crediticio”. Lo cierto es que quien llama no sabe el pasado bancario del potencial consumidor. No importa. Lo que importa es vender. No importa la hora. No importa cuántas veces hayamos dicho no. Seguirán llamando. La oferta es infinita: tarjeta de crédito, celular, tour, televisor.

La negativa de los clientes ha motivado a otras empresas a usar estrategias más elaboradas para enganchar a los consumidores como la entrega de supuestos premios como boletos aéreos, estadía en hoteles o cenas, pero el listado de condiciones es tan largo que resultan en una decepción.

Los datos que los clientes dejaron en concesionarias, bancos, tiendas, donde alguna vez hicieron una transacción incluso se pueden comprar en la web. Las bases de información tienen el nombre, la cédula, el correo, el teléfono e, incluso, la dirección.

Lo cuenta una persona que trabajó para un ‘call center’ y a quien obligaban a no revelar de dónde obtuvo los datos si el cliente llegaba a preguntar. La información va de mano en mano, libremente y a costa de la privacidad de los clientes, pese a que la protección de datos es un derecho humano.

En noviembre pasado, el Ministerio de Telecomunicaciones lanzó una política para que las personas puedan identificar en sus celulares las llamadas que sean desde un ‘call center’ que ofrezca servicios, ventas o publicidad, y así rechazar las llamadas. La medida debía empezar por los ‘call center’ de móviles y luego de tres meses ampliarse a otros servicios. Pero aún no se ha cumplido.

El usuario está expuesto a publicidad o a información engañosa. Estas llamadas deberían ser grabadas para que el consumidor tenga un respaldo para futuros reclamos, tal como se exige para evitar cobros no autorizados de cuentas bancarias. No existe un defensor especializado para el consumidor, que tenga capacidad de control y, del otro lado, el consumidor desconoce sus derechos.

Urge una reforma a la Ley del Consumidor.