La Ley Humanitaria establece que el Ejecutivo deberá emitir vía Decreto una política de fijación de precios de la canasta básica que estará vigente hasta diciembre del 2020.
Eso quiere decir que el Gobierno deberá fijar, discrecionalmente, los precios de 75 productos básicos como carne, leche, verduras frescas, azúcar, ropa, pasta dental y otros insumos de consumo de los ecuatorianos. El tema no constaba en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, sino que fue incorporada por la Asamblea con la intención de evitar la especulación en la pandemia. Pero los efectos pueden ser contraproducentes más cuando -y Venezuela es un ejemplo- fijar precios no resuelve problemas, sino que crea otros como conflictos entre los actores de la cadena o escasez.
¿Qué hace posible que se produzca una funda de leche o una pasta dental? Ha sido necesario que alguien produzca los insumos, otros que transporten esa materia prima y otros que prendan las máquinas de las fábricas para que los procesen. Se trata de una multitud de personas que -sin saberlo- colaboran entre sí movidos por una señal común: los precios. Los precios son como semáforos que indican a los actores económicos a dónde ir. Todos los esfuerzos productivos, empresariales, materias primas se dirigen a los productos o servicios donde suben los precios y se alejan de los que bajan.
Al subir la producción aumenta la oferta y, con ello, bajan otra vez los precios. Entonces, los precios no solo que tienen la función de ser una fuente de información, sino que generan incentivos para producir o dejar de hacerlo. Por ello, si el Gobierno discrecionalmente baja los precios puede desincentivar la producción de ciertos insumos generando escasez.
Ciertamente la pandemia generó problemas de logística que generaron un aumento de precio en ciertos insumos. Esos eran los problemas que se debían resolver. El objetivo de la norma contenida en la Ley Humanitaria es proteger a la población, pero el riesgo es generar falta de productos.