Dos factores están llevando a Ecuador nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI). El primero es la dificultad del país de acceder a crédito barato. La caída del precio del crudo hace pensar a los inversionistas que el país tendrá dificultades para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, por lo que si Ecuador decidiera emitir bonos tendría que pagar tasas superiores al 10%.
El problema es mayor si se considera que este año el Ecuador necesita USD 9 100 millones en financiamiento para pagar la deuda y el abultado gasto público. En segundo lugar está la falta de liquidez. El Gobierno anterior convirtió al Banco Central en su prestamista y mermó las reservas que administra. Esta especie de colchón, que le permite al país hacer frente a sus obligaciones y a eventuales problemas económicos, tocó su nivel más bajo el 21 de diciembre pasado cuando apenas cubrió el 49% de las reservas bancarias del país.
El principal efecto es que llevará a la banca a ser cautelosa con su liquidez y limitar este año el crédito y, con ello, a una contracción en el consumo, un factor clave para la actividad económica. El FMI puede prestar recursos a bajo costo para hacer frente a esos problemas e inyectar confianza al mercado para emisiones de deuda en mejores condiciones. Pero eso exigirá firmar un acuerdo con el multilateral, que suele apoyar programas enfocados en el ajuste al gasto.
La receta del Fondo es conocida y Ecuador llega con parte de la tarea ya hecha: redujo los salarios de una parte de la burocracia y subió el precio de las gasolinas y del diésel, excepto para el transporte público y comercial. Estas medidas podrían generar un apoyo del FMI de unos USD 3 000 millones.
El abultado déficit fiscal puede obligar al Gobierno a priorizar medidas que le generen ingresos, por lo que una revisión de impuestos que le inyecten liquidez de forma inmediata, como el IVA, no se puede descartar, pero a cambio tendría que reducir o eliminar tributos distorsionantes como el ISD.