COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.
Dimitri Barreto P.
Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

Prisión perpetua y castración química

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Jueves 31 de enero 2019

El debate en el Parlamento que definirá si Ecuador deja de encarcelar a las mujeres que abortan después de ser víctimas de violación no puede ser contaminado. No puede reducirse tema tan sensible a un asunto de violadores.

Sí, para los violadores el máximo peso de la Ley. Pero la propuesta hecha en la Asamblea para condenarlos a ‘prisión perpetua y castración química’ es un absurdo jurídico, puro ‘populismo penal’ que ensombrece el debate central.

¿Absurdo jurídico? Sí. Plantea la cadena perpetua para violadores en seis causales, pero solo castiga con 26 años de cárcel si -esos violadores- ocasionan la muerte de sus víctimas.

¿‘Populismo penal’? Qué es si no una propuesta que no tiene más de cuatro líneas. La ‘mano dura’ es popular, pero en términos de violencia no es más que barrer bajo la alfombra las causas estructurales. La iniciativa legislativa no incluye estudios ni siquiera información de la realidad.

¿Un asambleísta desinformado? Sí. Desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP, agosto del 2014) hasta el 31 de diciembre del 2018 en Ecuador se documentaron 15 violaciones diarias (24 635 noticias de delito en la Fiscalía). Lo lacerante es que tres de cada cuatro casos aún no pasan de indagación previa: son reservadas y los perpetradores no tienen sentencia.

¿‘Populismo penal’? Sí, impresentable. Hay que leer la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en Costa Rica, 1969. “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

Hay que leer la Constitución. En Ecuador no hay base legal para jaulas de confinamiento de por vida, sino un sistema de ‘rehabilitación social’ que tiene la expresa finalidad de rehabilitar a las personas sentenciadas para “reinsertarlas en la sociedad”. La Carta Magna, además, reconoce en todas las personas el derecho a la “integridad física, psíquica, moral y sexual”.

¿La Convención Americana? Sí, de la que Ecuador es adherente, donde no cabe la condena perpetua. ¿La Constitución? Sí, donde se plantea una rehabilitación social, en lugar de hacinamiento. Afrontar la violencia supone contar con una política integral de seguridad, que incluya a la escuela, que prevenga en las familias, que cuente con operadores de justicia eficaces, que proteja a las víctimas (mujeres violadas) en lugar de mandarlas a la cárcel. Pero claro, eso es demandante, descartado en el contexto de una campaña electoral a la vuelta de la esquina.