Mayo del 2019. Los cinco expertos llegaron a La Capilla del Hombre, en Quito, en medio del inédito anuncio del arribo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) a Ecuador. El Gobierno anunciaba su voluntad por integrar la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce).
¿Comisión de Expertos? Sí, extranjeros especialistas en recuperación de activos y en derecho que apoyarían a los investigadores del Estado: entregarían herramientas para ubicar el dinero de la corrupción, por ejemplo; advertirían sesgos, exigirían cuentas… y nada menos que con aval de la ONU.
Agosto del 2020. Después de millones de dólares en escándalos -por compras en la emergencia sanitaria (kits de alimentos, insumos médicos, mascarillas, pruebas para covid-19) y por obra pública- tres de los cinco especialistas internacionales han revelado el desinterés oficial por su tarea.
“La voluntad política debe ser respaldada por acciones concretas”, enfatizan los especialistas de Guatemala, Honduras y España y apuntan al Presidente. “Le exhortamos a ejecutar acciones concretas y suscribir los acuerdos con Naciones Unidas que den viabilidad al proyecto de Comisión Internacional Anticorrupción”.
Grave. Hasta el 2019, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional marcaba a Ecuador con 39 puntos, el más bajo en los Andes; es decir, no era un tema que causara mayor desgaste. Pero la corrupción merma la capacidad de los Estados para garantizar DD.HH.: educación, salud, trabajo…
¿Hasta el 2019? Sí. No existía una pandemia. Nunca como ahora la corrupción se había hecho carne a causa de la crisis del covid-19: enriquecerse con dinero público mientras miles pierden ingresos, se endeudan, mueren… es algo que no pasará de largo. ¿El Estado? Señores, en lugar de calcular a quién sacar de la papeleta electoral del 2021, ofrezcan señales claras contra la corrupción, con juicios justos; la sociedad hará el resto, con los de antes y con los de ahora.