Derechos Humanos

COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.

Dimitri Barreto P.

Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

¿El manejo de prisiones se le fue de las manos al Estado?

La mujer suplica con las manos pegadas: “Por favor, en máxima está; señores militares, por favor, ayúdenme”. Han transcurrido menos de 10 horas desde que las autoridades confirmaran las muertes de 14 prisioneros en la cárcel de Cotopaxi, y las familias llegan hasta las cercanías del presidio, entre el pánico, el desconcierto y la ausencia de respuestas para conocer si el Estado ha sido capaz de proteger la vida de sus presos en Ecuador.

La tragedia de la tarde y la noche del 21 de julio del 2021 en la cárcel de Cotopaxi y en la Penintenciaría del Litoral (ocho crímenes) es la crónica de una masacre anunciada. Pero nada se hizo para contenerla. Y la factura para el país, gobierno saliente y gobierno entrante incluidos, es lacerante. En la Constitución reza que “un organismo técnico” se encargará de “administrar los centros de privación de libertad”.

¿Un organismo técnico? Sí, el Gobierno. “La Presidenta o Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo”, está escrito en la Constitución. Es más, el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social precisa: ese Directorio lo integran, entre otros, las autoridades de Salud, Educación, Inclusión, DD.HH., Cultura, Deportes… Letra muerta. En ocho semanas de Gobierno, ¿quién veló por las cárceles de Ecuador? El titular del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) era el mismo del régimen anterior, prorrogado. Desde mayo, ¿alguna vez se reunió el Directorio?

La violencia en las cárceles es un problema estructural. Hay cerca de 39 000 presos en las prisiones de Ecuador y una sobrepoblación del 30% en la capacidad instalada. No menos grave, casi el 40% de detenidos no tiene sentencia; ¿cuántos son inocentes? ¿Que se libra una disputa entre bandas? El Estado ha fracasado en el manejo de las prisiones. Y la pandemia solo agudizó el escenario.

En ese contexto, el drama para las familias es desgarrador. Los presos tienen derechos. ¿Derechos? Sí, a recibir atención prioritaria del Estado (Constitución, artículo 35); a la comunicación y visita de sus familiares (artículo 51).

¿Comunicación? Sí. “Según el nivel de seguridad”, todos los prisioneros pueden acceder a comunicación a través de 1. Servicio de telefonía fija en horarios establecidos; 2. Videoconferencias, de conformidad con el informe del equipo técnico y de seguridad correspondiente; 3. Correspondencia, observando las restricciones y procedimientos de seguridad; y, 4. Visitas. Lo dice el Reglamento del Sistema de Rehabilitación.

Con la masacre de 79 internos el 23 de febrero Ecuador fue noticia mundial. Entonces, se ofertó: más presupuesto, declaratoria de máxima alerta, militarización en el exterior… Con la masacre de julio hay nuevas ofertas: más presupuesto, declaratoria de emergencia carcelaria, militarización en el primer filtro… cambio de titular en SNAI.

Señores, las prisiones son el espejo de una sociedad. Urge una política pública que inaugure en Ecuador un sistema de rehabilitación social, más allá de los golpes de pecho y de las advertencias al crimen. Es la obligación del Estado.