La muerte de Andrés Padilla Delgado, 26 años, padre de un pequeño de cinco, pasará factura a Ecuador. El afrochoteño recibió un disparo por la espalda de un agente que lo hirió de muerte en la cabeza con su arma Glock sin que el hombre representara una amenaza para nadie, en medio de un incidente en Imbabura.
Ocurrió el 23 de agosto del 2018, después de que pobladores impidieran la retención de un vehículo por un accidente en el Chota y se llevaran una grúa con ese automotor hasta ser interceptados por policías en Mascarilla.
Andrés Padilla llegó en otro vehículo hasta Mascarilla, escenario de un encontrón entre civiles y policías. Su muerte enardeció a la gente; hubo un patrullero y un retén incinerados, policías heridos. Dato de contexto: esos ciudadanos habitan el valle del Chota, región afroecuatoriana en la Zona 1, cerca de Colombia. ¿Y qué opciones de desarrollo tienen?
La muerte del joven, vendedor de verduras en la frontera, no encajaría con un ‘uso progresivo de la fuerza’ policial, sino con una ejecución extrajudicial. ¿Ejecución extrajudicial? Sí. Ecuador no tiene pena de muerte. El Relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales conoció 83 casos de 2005 a 2010; de ellos, 36 en operaciones policiales. Pero no son únicos casos.
La Comisión de la Verdad documentó 68 ejecuciones extrajudiciales entre 1984 y 2008. De ellas, 27 en allanamientos o incursiones armadas; 24 por abuso de fuerza; ocho en interrogatorios; seis durante protestas… De todas las víctimas, 51 fueron ejecutadas por policías.
Una bala 9 milímetros segó la vida de Damián Peña, 16 años, colegial, en una protesta en la Universidad de Cuenca en 2002. El Estado requirió 16 años para pedir perdón.
16 años tenía José Luis Ibarra, esmeraldeño, muerto en 1992. La Corte Interamericana de DD.HH. falló en 2015 contra Ecuador, porque la justicia trató esa ejecución como ‘homicidio inintencional’ y no apresó al policía.
Que el detenido por la ejecución de Andrés Padilla pida su libertad no sorprende. Aún son tareas pendientes la desestructuración de cuerpos con rezagos de una doctrina letal y el fin de la impunidad, con justicia, verdad y reparación para víctimas. Sí. Seguro el Estado puede hacer más que solo ‘disculparse’ por las vidas que son apagadas por sus agentes que matan sin legítima defensa.