COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.
Dimitri Barreto P.
Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

¿Y las medidas de protección?

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Jueves 23 de mayo 2019

La erradicación de la violencia de género, la rehabilitación social de prisioneros, la protección de los pueblos no contactados del Yasuní. Las tres responsabilidades estuvieron a cargo del desaparecido Ministerio de Justicia de Ecuador y ahora merecen políticas públicas, no solo palabras: normativa, discurso.

Febrero 5 del 2018. La nueva Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres entró en vigencia. Letra muerta. Cada tres días hay un femicidio: dar muerte a una mujer por su condición de género dentro de relaciones de poder.

Machismo puro. 35 mujeres fueron victimadas entre el 1 de enero y el 5 de mayo del 2019 en el país; de ellas, una de cada cuatro ya había reportado violencia ante los operadores de Justicia; cinco eran extranjeras. En el 89% de casos, los femicidas fueron parejas o exparejas. Igual que en el 2017, sin ley.

Mayo 16 del 2019. El Decreto 741 declara el estado de excepción en las cárceles para “precautelar los derechos de las personas privadas de libertad”. Entendible. Pero los videos de muerte del domingo 19 de mayo del 2019 en la Penitenciaría del Litoral espeluznan: un prisionero se desangra sobre una hamaca mientras el preso acusado por ese crimen es ajusticiado a palos y piedras.

26 privados de libertad fueron asesinados por presos en centros de rehabilitación de Ecuador entre el 1 de enero del 2018 y el 19 de mayo del 2019, con cárceles que tienen 40% de hacinamiento (con más de 39 000 internos).

Mayo 21 del 2019. El Decreto 751 redefine los límites de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane en el Yasuní (ZITT). Inquietante. La CIDH observa al país por las medidas cautelares a favor de los taromenane.

Ingresar a la ZITT es etnocidio, dice la Constitución, según la cual, “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible”. Aún no se difunde el mapa que amplía 59 000 hectáreas, pero ha de saberse que esa zona ya fue demarcada por el Estado en 2007 y que intangible significa en español ‘que no debe o puede tocarse’.