Las lágrimas ahogan la voz de la mujer que busca desesperada monedas en los bolsillos de su jean raído y las cuenta frente a un hombre entre bocinas y luces al final del atardecer en el norte de Quito. “Igual si no compran pero te dan plata me debes entregar. Dame todo y mañana tienes producto (dulces para vender)”.
La escena, con el indolente ‘dueño’ del negocio, recorre calles con venezolanos víctimas no solo por la tragedia de dejar atrás a padres, hijos, esa ruptura humana que supone la migración a un nuevo país entre deudas y trato denigrante, sino además por delincuentes con fachada de benefactores.
¿Y la autoridad local? Es reactiva para controlar el espacio público y diligente para contar que ‘50% de comerciantes informales’ proviene de Venezuela. ¿Reactiva? Sí, porque no ha caracterizado a las mafias de trata detrás de esos ‘vendedores’. ¿Trata? Señores, entre los ciudadanos venezolanos vistos por debajo del hombro, entre las mujeres escrutadas con morbo de pies a cabeza, entre esos seres humanos en horas duras, hay esclavos, personas explotadas laboral y sexualmente.
Y la xenofobia solo enraíza esa barbarie. El piso 27 del edificio con vista al río Guayas era un cabaré clandestino en Guayaquil. Siete mujeres (tres adolescentes) eran explotadas sexualmente, esclavizadas por sus ‘deudas’. Todas llegaron a Ecuador engañadas con anuncios de trabajo legal.
¿Y la autoridad nacional? Las rescató, pero el fenómeno no es aislado. Las organizaciones de venezolanos en el país conocen de 43 víctimas de trata sexual. Autoridades: ¿Saben cómo viven los migrantes? ¿Conocen cuánto gana cada individuo de esos miles de informales? ¿Cuántos empleadores legales han sido sancionados por explotar a trabajadores en locales?
Miren internet. ¿Qué han hecho con los anuncios de trabajo para “venezolanas” que se ofertan en Ecuador? Sí, desplegar un ‘ejército’ para desmontar carpas de la calle y llevar a 50 personas a un refugio parece popular, pero qué hace el Estado para sembrar empatía y proteger a ciudadanos universales.