COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.
Dimitri Barreto P.
Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

Aborto, un debate inacabado

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Martes 24 de septiembre 2019

Las niñas violadas embarazadas son obligadas a ser madres en Ecuador, salvo que su vida corra peligro o que tengan discapacidad mental. ¿Niñas violadas? Sí. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como violación el acceso carnal en una menor de 14 años. ¿Obligadas? Sí, porque en el siglo XXI la Asamblea se ha opuesto a la despenalización del aborto para víctimas de violación.

Esa Asamblea recibió a distintos colectivos, incluso a científicos, que documentaron cómo las niñas violadas son principalmente ultrajadas en su entorno, con estragos genéticos. Meses de un debate, estéril, que buscaba sintonía entre el COIP, que criminaliza el aborto con hasta dos años de cárcel, y las recomendaciones de especialistas en derechos humanos de la ONU.

La Asamblea sometió a votación que no se criminalice a las mujeres víctimas de una violación que decidan interrumpir un embarazo antes de la semana 14 de gestación. Se consultó, asimismo, permitir que las niñas no requieran de autorización de sus progenitores. Buscaba, en esencia, garantizar un servicio de salud y acompañamiento del Estado, para proteger a las víctimas y dejar de criminalizar a médicos.

Los últimos datos del INEC son perturbadores. Más de 2 000 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en el 2018 en Ecuador. Quizá sirva mapear el país: El 60% de niñas violadas madres se encuentra en la Costa, el 26% en la Sierra. Y Guayas ocupa el primer lugar (el 23% del país), seguida por Manabí (13%), Los Ríos (9%), Esmeraldas (9%)...

59 legisladores dijeron ‘no’ a la despenalización del aborto para víctimas de violación. Lo hicieron en año electoral. 11 de esos votos, la mayoría, son de Guayas (19%); el 8% de Manabí, el 7% de Los Ríos, el 5% de Esmeraldas.

Sí, la fallida reforma al COIP no iba a terminar con las violaciones, en una sociedad machista, pero tampoco acabará con el aborto, clandestino y criminalizado: 29 mujeres condenadas en cuatro años es un espejo que estremece. El debate no se ha cerrado.